Los ayuntamientos de León perderán 9,2 millones por la nulidad de la plusvalía

El fallo del Tribunal Constitucional que anula «de facto» la plusvalía municipal que se cobra por el incremento del valor de los terrenos cuando se vende, se hereda o se dona un inmueble amenaza buena parte de los ingresos que reciben las entidades locales. Solo en 2020, los ayuntamientos de la provincia percibieron por este impuesto directo más de 9,2 millones de euros, según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda. De hecho es una de las principales fuentes recaudatorias de estas administraciones, por detrás del IBI y del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Desde el Gobierno trabajan ahora contrarreloj para ajustar este tributo al ordenamiento jurídico y eludir una medida que condiciona el equilibrio presupuestario de los municipios, que exigían de forma arbitraria este tributo sin tener en cuenta si realmente se había revalorizado el bien. De momento el Alto Tribunal ha declarado inconstitucionales varios artículos que establecían cómo se calculaba este impuesto, uno de los más polémicos, aunque todavía no se conoce la sentencia. Lo que sí se sabe es lo que perderán los principales ayuntamientos de la provincia.

El más afectado será el de la capital leonesa, que en los presupuestos de 2021 preveía 2,5 millones de euros por el llamado Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, aunque la cantidad será mayor por la liquidación de ejercicios anteriores. En el borrador de las cuentas para el próximo año la partida aumenta hasta los 3,5 millones.

También tendrán que hacer encaje de bolillos en Ponferrada, que factura 1.600.000 euros por la plusvalía que anuló el martes el TC. Su alcalde Olegario Ramón no ocultó ayer su preocupación. «Estábamos empezando a hacer los presupuestos y esto supone que tenemos que afrontar un escenario absolutamente diferente. Partíamos de un escenario complicado por la rebaja de la participación en tributos del Estado y si le unimos esta noticia, realmente estamos muy preocupados sobre cómo afrontarlo», avisó el regidor.

Lo notarán del mismo modo en Astorga, que presupuestó este año 350.000 euros, una cantidad similar a las anotadas en San Andrés del Rabanedo (387.000 euros), La Bañeza (310.000), Valverde de la Virgen (295.000 euros) o Villaquilambre. En el resto de municipios que lo cobran —es un impuesto voluntario— las cantidades son bastante más pequeñas, como los 60.000 euros de Valencia de don Juan o los 22.880,74 de Villablino.

En total, el Ministerio de Hacienda recoge en su base de datos que los ayuntamientos de León estimaron el año pasado unos ingresos de 9.266.000 euros por las plusvalías, el 16,2% de todo lo facturado en la Comunidad, que podría perder hasta 56,8 millones si, finalmente, se anula completamente este impuesto, como pretende el Tribunal Constitucional, aunque desde el propio ministerio buscan la fórmula para adaptarlo a la normativa.

En este sentido, la Federación Española de municipios y Provincias reclamó ayer una reforma urgente de la norma y también soluciones inmediatas a la inseguridad financiera y la falta de ingresos. Distintos portavoces municipales han apuntado que el fallo, y la falta de un sistema alternativo, generan incertidumbre y temor a un probable aluvión de recursos ciudadanos a pesar de que se cierra la puerta a la retroactividad. De todas formas habrá que esperar a la sentencia que se publicará en los próximos días.