La ley mordaza costó 6 M€ en 10.000 multas a los leoneses

La provincia de León generó 10.787 sanciones contra la denominada ‘Ley Mordaza’ que supusieron multas por valor de 6.434.358 euros, de acuerdo a los datos facilitados por el Ministerio del Interior a este periódico. Los datos corresponden al periodo comprendido entre 2015 y 2020, a la vista de que las cifras de 2021 todavía no se conocen. El epígrafe sancionador más recurrente corresponde a la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación. Sólo en el último año agrupó más de 2.000 multas por esta causa. Le sigue el consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares.

La ley partía de un concepto material de seguridad ciudadana entendida como actividad dirigida a la protección de personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos, que englobaba un conjunto plural y diversificado de actuaciones, distintas por su naturaleza y contenido, «orientadas a una misma finalidad tuitiva del bien jurídico así definido». Dentro de este conjunto de actuaciones se situaban las específicas de las organizaciones instrumentales destinadas a este fin, en especial, las que corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a las que la Constitución encomienda proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

En ese marco, León duplicó el año pasado la cifra del año anterior y cerró el ejercicio de 2019 con 1.995 sanciones. 2018 bajó el cómputo de multas a 972, la partida más baja del lustro puesto que en 2017 habían sido 1.419 sanciones y en 2016 fueron 1.496. El año de la puesta en marcha de la iniciativa se saldó para los leoneses con 991 denunciados.

Ahora PSOE y Unidas Podemos ultiman la negociación para cerrar los últimos detalles de las enmiendas conjuntas de cara a la derogación de la ley, por sus detractores, y que versan entre otros asuntos sobre la prohibición de pelotas de goma en los protocolos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante incidentes en manifestaciones.

Existe una propuesta de base, aunque aún no es definitiva, para impedir el uso de material que cause lesiones irreversibles en las intervenciones policiales cuando se producen incidentes en protestas. Esta redacción, se dirige sobre todo a prohibir el uso de pelotas de goma por parte de agentes ‘antidisturbios’, dado que ha habido varios casos de manifestantes que han perdido visión total o parcial en algún ojo al recibir impactos de este material.

Las conversaciones se centran también en fijar una redacción definitiva al criterio de proporcionalidad en las multas a las personas sancionadas, ligado a la capacidad de ingresos de los manifestantes para propiciar reducción en los importes.

Específicamente, se discute sobre como reducir a la mitad la sanción para quienes cobren menos de 1,5 veces el SMI y otra franja del 25% para aquellos que se sitúen en la franja entre 1,5 y 2,5 veces del salario mínimo.

Ayer y en rueda de prensa, el coportavoz estatal de Podemos, el leonés Pablo Fernández, subrayó que el acuerdo base con el PSOE para la derogación de la Ley Mordaza es una «excelente noticia» que garantizará el «disfrute» de libertades públicas, como es el derecho de manifestación y reunión.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia que la decisión deja «aún más indefensos» a los guardias civiles y sus familias en un momento, según ha señalado, en el que «siguen creciendo el número de agresiones» a los agentes.

Para AUGC, la derogación «deja aún más indefensos a los guardias civiles y al resto de agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado» y les preocupa, en concreto, «la retirada de la prohibición de grabación de imágenes de los agentes durante sus actuaciones».