La Junta no ha indemnizado aún a los últimos ex presos del franquismo

La Junta no sabe el número de represaliados que han solicitado las indemnizaciones, aunque mantiene que en el mes de diciembre se conocerá el censo de aquellas personas incluidas en los supustos previstos en la Ley de Amnistía de 1977 que no pudieron acceder a los beneficios establecidos en las leyes de presupuestos generales del Estado de 1990 y 1992. Por entonces, alrededor de 1.600 leoneses solicitaron la prestación. De ellos, 430 fueron excluidos, principalmente, por no poder justificar el tiempo de prisión, según los datos que maneja el Ministerio de Economía y Hacienda. Esta misma circunstancia se repite ahora, y fuentes de la Administración autonómica incidieron en que el acceso a los expedientes de los ex presos para recabar certificaciones ha sido el paso más complejo de la convocatoria de indemnizaciones. Añadieron que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias retrasa la documentación. Ese efecto dominó sería el que ha propiciado el bloqueo de las ayudas. Se beneficiarán todos aquellos que sufrieron privación de libertad durante un periodo mínimo de tres meses, consecutivos o no, y que no han percibido nunca una prestación. Para ello tienen que acreditar una rsidencia en Castilla y León en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud. El coordinador de IU en la comunidad, José Luis Conde, considera que la Junta se ha mostrado demasiado severa con la exigencia de documentos, sobre todo en aquellos casos de personas que padecieron cárcel o fueron llevados a campos de trabajo en épocas y lugares distintos. La Junta tampoco conoce la cuantía de cada indemnización, que tendrá que ser fijada en función del tiempo efectivo de permanencia en la cárcel y de la edad del beneficiario, equiparando a estos efectos a los hijos incapacitados con los represaliados de mayor edad.