Trabajo intensifica las inspecciones para atajar la temporalidad en las empresas

El Ministerio de Trabajo ha enviado cartas a autónomos y empresas con asalariados para avisarles de que a lo largo del mes de noviembre intensificará los controles. Ha puesto en marcha «un plan de choque contra el fraude en la contratación temporal», según subraya el documento que han recibido cientos de compañías de la provincia para que regularicen la situación de sus trabajadores en el caso de que no cumplan los supuestos autorizados por la ley.

Si esos contratos fraudulentos no se transforman a indefinidos de forma inmediata, la inspección, advierten desde el Gobierno, actuará «una vez transcurrido un mes desde la recepción de esta comunicación». Apuntan en la misiva que cualquier incumplimiento está tipificado como «una infracción grave» y acarrea sanciones económicas.

En la primera fase de esta campaña, que tuvo lugar en septiembre, afloraron en León 1.407 contratos temporales que pasaron a indefinidos. Son muchos más de los que se transformaron a lo largo de todo 2020 (986) y casi los mismos que se modificaron en 2019 (1.824).

Este tipo de abusos se dan «solo en el 4,8% de las empresas», según reconoce el Ministerio de Trabajo, que ha detectado —señala en la carta— que algunos de estos contratos temporales «superan los periodos máximos autorizados» y que muchos de esos empleados deberían tener ya la condición de fijos si no se recurriera a vinculaciones laborales precarias que, además, están fuera de la ley. Las infracciones más habituales, según detalla la inspección, son los «contratos de obra o servicio en vigor desde hace más de 48 meses» y el «encadenamiento de dos o más temporales en una misma empresa, con o sin solución de continuidad, por un periodo superior a dos años en un plazo de treinta meses».

Tampoco pueden firmarse acuerdos eventuales por circunstancias de la producción con una duración superior a un año. Ni están permitidos los contratos temporales en vigor desde hace más de 36 meses.

En la carta que han recibido autónomos y empresas de la provincia aparece también una relación de los trabajadores afectados para que se «proceda a la transformación en indefinidos» y se evite así la «actuación inspectora». Viene el nombre y apellidos de la persona, la modalidad de contrato, la fecha en la que lo rubricó y el supuesto que incumple. Dan treinta días para que se solucione el asunto, antes de que la policía laboral visite el centro y proponga una multa, que puede llegar hasta los 6.000 euros.

En las dos primeras semanas de noviembre, tras el envío masivo de cartas, el Ministerio de Trabajo asegura que en toda España se ha normalizado la situación de 82.393 trabajadores. La inspección obligó a los empleadores a hacerlos fijos.