El padrón de la ITE da turno a otros 539 edificios para su inspección en 2022

La Inspección Técnica de Edificios (ITE) da cita para otros 530 inmuebles del municipio de León. El padrón provisional aprobado por el Ayuntamiento de la capital leonesa concede margen durante todo el año 2022 y el primer mes de 2023 para que cumplan con sus obligaciones aquellos edificios cuya fecha de construcción data de 1971 y 1981, además de aquellos levantados entre 1941 y 1945. El listado añade otras edificaciones de principios del pasado siglo. En suma, las referencias obligadas se corresponden en su mayoría con aquellas que pasaron la anterior inspección en 2012 y que, de acuerdo a la normativa que obliga a revisarlas cada 10 años, tienen que repetir el procedimiento para certificar su seguridad y salubridad, así como aquellas que superan ahora los 40 años de antigüedad que se marcan como listón a partir del cual tienen que empezar a rendir informe de su situación ante los técnicos del consistorio.

El padrón se somete ahora la información pública, en la web municipal. Los propietarios puedan alegar en el caso de que su edificio se haya incluido de manera incorrecta. Antes de final de año se cerrará el procedimiento y el listado definitivo será ratificado por el Pleno municipal.

El proceso da cuerda a una normativa que el Ayuntamiento de León puso en funcionamiento de manera pionera en el año 2009. Las inspecciones técnicas de edificación han movido desde entonces un presupuesto cercano a los 10 millones de euros, conforme a las licencias de obra registradas en el departamento de Urbanismo del consistorio de la capital leonesa.

La factura se apunta como consecuencia de la reformas a las que se han visto obligados los propietarios de los edificios en los que la revisión se saldó de manera inicial con un informe desfavorable en el que se citaban las deficiencias a subsanar. La lista afectó a uno de cada cinco inmuebles dentro del primer turno de reformas que se cerró en el año 2019 con 5.799 inmuebles revisados, según los datos municipales.

Problemas de seguridad

Más de 1.300 expedientes han entrado con estas advertencias. Los problemas en los que incide la inspección técnica de edificaciones tiene que ver con las cubiertas las instalaciones, la impermeabilización o la estructura. Los profesionales encargados de emitir el informe deben visar que la estanqueidad de los forjados evite las humedades que amenazan la estabilidad de los inmuebles, que las vigas no se han desplazado, que las fachadas no presentan grietas con necesidad de sellado, que los muros de carga se corresponden con los planos y que las cornisas no presentan riesgos de desprendimiento que puedan poner en peligro la integridad de las personas. No separa aquí. El procedimiento se fija además en el estado de las redes generales de saneamiento, electricidad, fontanería o gas. 

Estos trabajos han ocasionado unas licencias de obra municipal de una media de 6.000 euros en cada una de ellas, aunque también se han dado casos de propietarios que, ante el avanzado estado de ruina y el elevado coste de la intervención, han decidido pedir licencia de derribo para salvarse de la obligación de pasar la inspección. El suelo queda disponible para una posterior construcción en estos casos, que en su mayoría se localizan en las tres pedanías: Armunia, Trobajo del Cerecedo y Oteruelo de la Valdoncina. Quienes no se atienen a la normativa corren el riesgo de enfrentarse a multas que van de los 600 a los 3.000 euros por no pasar la ITE. 

No habido apenas, dentro de un proceso que se ha asumido de manera natural por los vecinos y en el que se han atendido lasa alegaciones justificadas de manera adecuada. No hay excepciones más allá de quien demuestre que ha tenido una intervención de calado durante los años anteriores y que, debido a la necesidad de pedir una licencia, su edificio ya cuenta con la revisión efectuada por los técnicos para poder hacer estos trabajos de mejora. Fuera de estas situaciones, todos los demás tienen que cumplir con la normativa municipal qué debe ser firmada por un profesional y que, de media, supone un coste de 150 euro por vivienda.