A la espera de la Conferencia de Presidentes
La Navidad se acerca con improvisación
Castilla y León espera a Sánchez. Con la incidencia a siete y 14 días en riesgo muy alto y con 66 ingresos hospitalarios en la Comunidad en un solo día, el Ejecutivo autonómico desoyó ayer el informe de los expertos para controlar la escalada de la sexta ola y se limitó a informar que pedirá militares al Gobierno para hacer rastreos, la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores y más agilidad en la llegada de las vacunas infantiles.
El consejero de Sanidad de la Junta, Alejandro Vázquez, se estrenó ayer en el cargo con una rueda de prensa en la que adelantó que esperará a lo que se decida hoy en la Conferencia de Presidentes para poner en marcha medidas contra la sexta ola del covid. «El Gobierno tiene que liderar la coordinación con las comunidades autónomas», apostilló. El informe del comité de expertos, que pedía medidas de nivel de alerta 3, ha quedado sobre la mesa del Consejo de Gobierno con el único compromiso de que el consejero volverá a reunir a los expertos «si es preciso» tras el encuentro de hoy de las comunidades autónomas con el presidente Pedro Sánchez.
«La Junta de Castilla y León va a tomar las decisiones para reducir el riesgo de enfermar intentando mantener siempre la condición de que los castellanos y leoneses sigan siendo dueños de su vida haciéndoles partícipes siempre de las soluciones», afirmó el consejero.
Vázquez señaló que las decisiones del Ejecutivo autonómico se irán desgranando sobre tres ejes. El primero, la vacunación porque «no se ha demostrado mejor herramienta para vencer a la covid» por lo que acelerarán la tercera dosis en las personas mayores de 40 años, como aprobó la ponencia de vacunas, como en la inmunización de niños y niñas. «Nuestra intención es seguir siendo referente en la vacunación como ha sido en la primera y en la segunda dosis», señaló.
El segundo eje de la Junta frente a la sexta ola es intensificar el rastreo y los cribados, que considera la mejor manera de frenar la cadena de transmisión del virus. La Junta solicitará al Gobierno central la disponibilidad de personal militar para hacer cribados y rastreos.
Con pacientes covid
Las UCI están en riesgo alto con un 22,5% de ocupación y en planta llegan al 6,24% del total
Las mascarillas son el tercer eje, por lo que solicitarán al Gobierno central que se vuelva a hacer obligatorio su uso en los espacios públicos. Desde el 26 de junio pasado no es obligatoria la mascarilla en exteriores siempre que se mantenga una distancia de un metro y medio entre personas no convivientes. «Vamos a apostar por la mascarilla porque es una medida que ha demostrado su efectividad», resaltó.
La Comunidad arroja una tasa de incidencia a siete días de 584 por 100.000 habitantes y roza los mil casos por 100.000 habitantes a 14 días, 923 en la jornada de ayer. Ayer había 360 personas hospitalizadas en la Comunidad, de las que 66 ingresaron en las anteriores 24 horas y 85 en la UCI, de las cuales 4 en la anterior jornada.
Las UCI de Castilla y León están en riesgo alto con un 22,5% de ocupación y la hospitalización en planta está en riesgo moderado en el 6,24%. La Junta mantiene el nivel de riesgo controlado como indicador de alerta en la Comunidad.
El informe del comité de experto contenía medidas de nivel de alerta 3, con reducción de aforos en hostelería, comercio y otros sectores, eliminación del consumo en barra, anticipación del horario de cierre del ocio nocturno a la una de la madrugada y la recomendación de un máximo de 10 personas en las reuniones.
«El Gobierno de la Junta siempre ha mantenido un equilibrio entre la epidemiología y la vida y el mantenimiento de la económía», aseguró el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez.
Al margen de la pandemia, el consejero hizo hincapié en que su intención es potenciar la Atención Primaria con una atención sanitaria de calidad, garantizando la presencialidad al 100% tanto en centros de salud como en consultorios de toda la Comunidad Autónoma.
El presidente Mañueco solicitará al Gobierno un fondo covid para asumir todos los gastos de la sexta ola, una ley de pandemias y medidas para la contratación de sanitarios que son esenciales. El consejero admitió que el refuerzo de personal que requiere la sexta ola pasa por la contratación de profesionales extracomunitarios.
El Gobierno calla
La pugna entre el Gobierno y las comunidades autónomas por las medidas para combatir la pandemia se ha reavivado a dos días de Nochebuena como si se tratara del fantasma de la Navidad pasada. Mientras la Moncloa insiste en mandar un mensaje de «prudencia» y guarda silencio sobre las medidas que va a proponer en la Conferencia de Presidentes de esta tarde la expansión de la variante ómicron, predominante en algunos territorios, ha vuelto a poner en jaque al sistema sanitario nacional (la incidencia acumulada llegó el lunes a 609). Los gobiernos autonómicos exigen medidas urgentes al Ejecutivo, al que acusan de «improvisar», y la oposición y algunos de los socios del bloque de la investidura reprochan a Pedro Sánchez que haya convocado la reunión «tarde».
En el PP han vuelto a la carga con su antigua demanda de exigir la aprobación de una «ley de pandemias» que ofrezca, como llevan defendiendo desde 2020, «certidumbre y seguridad jurídica a las autonomías ante la sexta ola de coronavirus que afronta España».