Catorce colectivos ven barreras para acceder a los centros de salud

Un conjunto de catorce organizaciones médicas, sociales y de pacientes han mostrado su «profunda preocupación» por la situación en la que se encuentra la Atención Primaria en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y las consecuencias que «puede tener para la seguridad asistencial del conjunto de ciudadanos», así como «la viabilidad futura de un modelo de atención avalado por un historial de excelentes resultados en salud».

Las sociedades que suscriben este manifiesto afirman que «una financiación adecuada y suficiente, el impulso de cambios organizativos, la innovación tecnológica orientada a la mejora de la capacidad de resolución, el prestigio socio-profesional de este nivel asistencial y la visión comunitaria» son «las claves sobre las cuales debe pivotar la reforma de la Atención Primaria para construir un modelo futurible».

Lamentan las «barreras para acceder a los centros de salud» que se han establecido «con el objetivo de evitar contagios y como consecuencia de la falta de personal, falta de locales, escasez de personal administrativo y, sobre todo, por importantes deficiencias de gestión». «Hay problemas para conectar con los centros, se ha sustituido buena parte de la consulta presencial por la telefónica o telemática, se han generado importantes listas de espera.

Para evitar acúmulos de personas en algunos centros, se obliga a los pacientes a esperar en la puerta de centros; y se han cerrado centros periféricos lo que aleja a la población rural de la atención de salud. Ante este «deterioro progresivo» y la «situación crítica en la que se encuentra la Atención Primaria», las entidades firmantes reclaman «una financiación adecuada y suficiente que permita mantener y mejorar los valores de atención de proximidad, accesibilidad y longitudinalidad en la atención, enfoque integral y relación médico-paciente en el ámbito de la Atención Primaria».

Esta financiación debería ser compartida entre el Estado, a través de la partida de los Presupuestos Generales del Estado asignada a la Sanidad, y las comunidades autónomas y debería inyectar una dotación extraordinaria para resolver el déficit previo que se viene arrastrando y adecuar los recursos profesionales, estructurales e infraestructurales a las demandas de atención que solicitan los ciudadanos», explican.