La Fiscalía alude a medios precarios en el juzgado de menores de León

La dotación de medios materiales y humanos con los que cuenta el juzgado de menores de León cuenta con un epígrafe particular en el informe emitido por el Defensor del Pueblo a cerca del primer año de vigencia de la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores. En el estudio se alude a la aportación de la Fiscalía General del Estado, que califica el juzgado de menores como inadecuado por sus dimensiones y distribución de espacio, con un acceso malo. Las puntualizaciones de la Fiscalía en torno al funcionamiento se extienden a la dotación de personal auxiliar, considerada insuficiente (dos auxiliares y otro de apoyo y un agente judicial). Triplicar la plantilla La solución para esa escasez de medios humanos sería la de triplicar la plantilla de funcionarios actuales. La Fiscalía General del Estado subraya que la situación de precariedad ha dado lugar a prescripciones de faltas por la escasez de personal para tramitar asuntos en el juzgado de menores leonés. En esa aportación que recoge el informe anual del Defensor del Pueblo abunda otra que procede del Colegio de Abogados de León, que considera que los medios materiales y humanos del juzgado de menores de León resultan insuficientes para hacer frente a la ampliación de los hechos delictivos previstos tras la aplicación de la disposición transitoria única derivada de la Ley Orgánica. El juzgado de menores en régimen de exclusividad de la provincia de León inició en el año pasado 918 diligencias, que dieron lugar a la incoación de 257 expedientes de reforma, un sesenta por ciento más que los tramitados en el periodo judicial anterior. En el periodo temporal objeto del estudio, desde la aplicación de la Ley de Menores, se formularon veinte demandas derivadas de la responsabilidad civil del menor, de las que sólo tres fueron estimadas, una rechazada y el resto quedaron en trámite para el año posterior. El Defensor del Pueblo pone de manifiesto otros fallos detectados en el juzgado de menores, relativos a los fallos informáticos, que provocan inconvenientes gravísimos en las labores de registro y tramitación.