La clase política no alterna

La Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (Anela) adoptó en su última Junta Directiva la decisión de establecer un calendario para la segunda quincena de este mes y concretar encuentros de trabajo con parlamentarios y parlamentarias para transmitirles la «clara voluntad colaboradora con la Administración y la Justicia» de esta asociación empresarial. A cambio esperan que el Gobierno colabore de una forma expresa para buscar un modelo que dote de una ley reguladora clara y solidaria como vía posible para acabar con las redes delictivas y mafiosas que atentan contra la libertad de las personas y promueven su explotación. Anela abre las puertas de todos sus locales a diputados y senadores cualquier día que lo deseen y a cualquier hora. Entienden que su ingreso en la Ceoe -ya solicitado- propiciaría un foro empresarial idóneo «para plantear la normalidad administrativa del sector o, lo que es igual, reivindicar la normalidad a nivel legal de lo que es normal en la calle», según Anela. Desde luego, la invitación, por muy bienintencionada que sea, ha sido rechazada por los parlamentarios y senadores leoneses con representación en ambas cámaras, del PP y del PSOE. El vicepresidente del Senado, el leonés Alfredo Prada, adelantó a este periódico el camino que están siguiendo los trabajos llevados a cabo por un amplio equipo de profesionales para proponer al Gobierno un nuevo modelo legislativo y administrativo que regule la situación de las prostitutas. Según la visión de Prada, y a falta de que culmine todo el proceso de comparecencias y reuniones previstas para definir el futuro del alterne, los modelos aplicados en Alemania y Holanda pueden ser la muestra a imitar. En estos países se ha terminado con la situación de alegalidad que gravita sobre la prostitución en España y se han legislado los derechos de los hombres y mujeres que la practican. En España, si la tendencia no cambia, el Senado seguirá trabajando sobre la hipótesis de que los miles de personas que viven del alterne deben tener las mismas garantías laborales y sanitarias que cualquier trabajador. «El camino no creo que sea penalizar, sólo hay un caso en todo el mundo, que es Suecia, y lo que ha provocado es una mayor clandestinidad de la prostitución», afirmó el senador, del PP. La ponencia en la que trabaja el Senado, y que puede ser la base de una futura ley, se encuentra en una primera fase, en la que más de 15 expertos en derecho penal y procesal y en sanidad, así como sociólogos y antropólogos han expuesto sus argumentos para fundamentar la transcendencia de esta iniciativa. Inminentemente comenzará la segunda parte de este trabajo, para la que se invitará a prostitutas, empresarios de clubes de alterne y a todo tipo de implicados en el sector. En un tercer momento se realizará un análisis del derecho comparado en relación a otros países del entorno, esencialmente europeos. Esta especial sensibilidad de la cámara Baja por regular la prostitución responde a la decisión del partido que gobierna de regular «un problema que hay que afrontar ya». En el partido socialista las cosas no se ven del mismo modo. La diputada leonesa Amparo Valcarce habló «indignada» de la osada invitación de los empresarios del alterne. «Me ha parecido algo horrible y, desde luego, no lo voy a aceptar», manifestó. Argumentó sus duras afirmaciones atribuyendo al negocio de los clubes de alterne «una explotación cruel de las mujeres» y «un tráfico de personas que raya la esclavitud». «En mi partido, muchos hombres y mujeres somos contrarios a la prostitución y aceptarla sería aceptar la regulación de una práctica inaceptable; es una vejación», aseveró la diputada. El PSOE es partidario de implantar el modelo europeo contrario al que propone el PP, el implantado en Suecia, el cual, entre otras cosas, penaliza al cliente y a los propietarios de negocios. «Los empresarios del alterne nos quieren presentar ahora la prostitución como un negocio, pero es una explotación vil. En su trabajo no hay nada honorable, es tráfico de mujeres y hombres», concluyó. Por su parte, los clubes siguen trabajando para ganarse un sitio en la confederación de empresarios. Llevan años exigiendo ordenanzas locales y legislación autonómica sobre establecimientos públicos dedicados a la prostitución -el Ayuntamiento de Bilbao publicó la primera ley de España el 12 de mayo de 1999-. También reclaman un epígrafe propio para cotizar a la Seguridad Social en régimen de autónomos o por cuenta ajena. La asociación, que en la provincia engloba a cuatro clubes (Big Ben, León de Oro, La Reja y Latin Lower), pretende distinguir a los locales con una identificación propia que asegure al cliente las garantías de calidad del servicio. En tal sentido, también quieren acabar con la competencia ilegal de la calle y de los locales no habilitados. Entre sus futuros servicios, la asociación tiene previsto crear la tarjeta sanitaria Anela, donde quedará constancia del historial médico de cada trabajadora. Pablo Mayo, presidente: «Poco a poco, con el apoyo del sentido común, conseguiremos que la regulación de la prostitución sea un hecho y es seguro que así se acabarán las explotaciones y la sordidez de un sector que necesita con urgencia ser considerado una actividad empresarial más».