Las familias que se ocupan de niños protegidos por la Junta tienen que anticipar su manutención

Se ocupan de los ciudadanos más pequeños y más desfavorecidos, pero todos los meses hacen cola en la Junta para cobrar la manutención de los niños y niñas que cuidan como a hijos. Los acogedores leoneses han perdido el miedo a hablar del dinero después de sufrir durante año y medio retrasos de semanas y meses en los ingresos pactados. «Esta situación nos hace sentir que nuestras actuaciones no son valoradas ni nuestras necesidades tenidas en cuenta», se quejan al gerente regional de Servicios Sociales. LEÓN. Ana Gaitero Redacción La Asociación de Acogedores Especializados de León remitió esta semana al gerente de Servicios Sociales, José María Hernández, un escrito con un informe detallado de los retrasos que sufren en el cobro de la manutención de los menores desde agosto del 2001. Se ven comiendo el turrón otro año de prestado, esperando a que la Junta atienda las necesidades de los niños tutelados por ella y cuya guarda encomienda en algunos casos a las familias de acogida. La situación más perentoria se produjo el año pasado. Hasta el 4 de marzo no cobraron los meses de noviembre y diciembre de 2001 y enero de 2002. El 16 de abril la Junta ingresó los meses de febrero y marzo. Al día de ayer aún no había librado la retribución pactada -entre 270 y 1.500 euros al mes según la dificultad del caso- correspondiente a noviembre. «El año pasado tenían la excusa del euro y este año, ¿qué excusa tienen, el Prestige?», comenta una de las familias. «Somos un colectivo muy pequeño, pero la Junta no puede quitarse el problema de encima y olvidarse de las necesidades de los niños y de las nuestras», agrega. Casi todos los acogedores leoneses especializados atienden más de un caso y se dedican de forma exclusiva a los menores, con lo que todos o gran parte de sus ingresos dependen de la Junta. En los casos en que no es así también se ven obligados a adelantar el dinero para cubrir las contingencias diarias, «que en ocasiones son mayores que las de otro niño». Son menores enfermos, con discapacidades físicas y psíquicas o con problemas de conducta que en ocasiones requiere la presencia casi permanente del tutor, incluso en centros escolares. Como en cualquier familia, su trabajo no tiene vacaciones. Ellos se ocupan de buscar colegio, guardería, centro especializado o contactar con médicos, terapeutas y otros profesionales si los niños necesitan apoyos específicos; en ocasiones tienen que negociar con las familias biológicas los días de visita o sufren las presiones de los padres cuando no están de acuerdo con los días asignados. Por ello piden una mediación efectiva y servicios de respiro familiar para «los acogimientos de especial dificultad y dedicación». «Estamos contentos y satisfechos» de la labor que realizan, pero la situación que viven respecto a la administración «nos hace sentir que nuestras actuaciones no son valoradas ni nuestras necesidades tenidas en cuenta», tal y como indican en el escrito registrado el 18 de diciembre. La Junta insiste en el carácter «voluntario» de su participación en el programa y ellos en que «nos piden dedicación exclusiva porque nos pagan». Saben que hablar de dinero «es muy feo, está muy mal visto, pero a nosotros, como a cualquier familia, no nos caen las cosas del cielo y podemos asegurar que nos entregamos a los niños y niñas que están a nuestro cargo», afirma una de las doce firmantes del escrito. A efectos legales son colaboradores de la Junta, lo que también les ocasiona problemas con el fisco. Tienen obligación de declarar las retribuciones como ingresos, pero no pueden acogerse a ninguna de las ventajas fiscales fijadas por la ley (deducción por menores a cargo, discapacitados, etcétera). La figura del acogedor está muy clara a efectos de la guarda, pero se sitúa en un terreno nebuloso cuando se entra en aspectos legales y fiscales. «Estamos intentando que se cree algún tipo de exención; es algo que no depende de nosotros pero podría haber algún cambio el año que viene», explicó Hernández. El gerente destacó que tras el encuentro que mantuvo en el otoño de 2001 con los acogedores de Castilla y León en una jornada «tratamos de dar respuesta a algunos de sus planteamientos, como el incremento de las retribuciones y dar traslado a la Hacienda Pública del problema del IRPF». También se dejó clara -añade- la diferencia entre los acogimientos normalizados y los especializados y se suscribió una póliza de responsabilidad civil para cubrir posibles incidencias, ajenas a los deberes que los acogedores tienen encomedados por el Código Civil (artículo 173). En el escrito dirigido a la Gerencia de Servicios Sociales también piden información sobre el seguro, para conocer «los términos contemplados» en la póliza que ahora citan en los contratos. La asociación agrupa a los acogedores especializados o profesionalizados, que tienen la guarda de casi del 50% de los 54 niños y niñas incluídos en el programa de acogida en León (35 en familias ajenas y otros 19 con abuelos, tíos u otros familiares). Según datos de la Junta en Castilla y León hay un total de 153 acogimientos en familias voluntarias en la comunidad, de los cuales 35 están en León. La Gerencia de Servicios Sociales de León señaló, por el contrario, que «están al día» y también incidió en el hecho de que a los acogedores «se les da preferencia» sobre los centros concertados que atienden a menores tutelados por la Junta en internados. Varios acogedores aseguraron que ayer aún no habían cobrado. Hernández reconoció los retrasos e indicó el viernes que la Junta estaba tramitando los pagos de noviembre, tras resaltar el «tremendo esfuerzo» de las familias para atender a los niños acogidos «como a hijos». El acogimiento es una medida de protección que se puso en marcha hace algo más de 12 años y pretende ofrecer a los niños separados de sus familias biológicas «una atención individualizada» y un hogar. Un programa puntero La Junta quiere que en el 2003 el 50% de los niños y niñas separados de sus familias biológicas sean acogidos por otra familia. Se trata de una medida preferente, «tanto más cuanto menor sea su edad», según establece la Ley de Infancia aprobada por unanimidad en las Cortes de Castilla y León en el mes de julio. «Es un programa puntero en León y creemos que su balance es positivo y de gran satisfacción», indicaron en Cruz Roja, que es la entidad encargada de captar a las familias de acogida. La Gerencia de Servicios Sociales presentó recientemente la nueva campaña de acogimientos para implicar a más familias leonesas puesto que existen en la provincia cerca de medio millar de niños y niñas que necesitan medidas de protección de la administración. El programa de acogimientos familiares se inició en León en 1989 con carácter pionero y es la provincia donde más respuesta ha obtenido la Junta. Hasta octubre del 2002 se realizaron en la provincia un total de 148 acogimientos desde el inicio del programa, 104 en Salamanca, 101 en Valladolid, 51 en Zamora, 36 en Palencia, 35 en Burgos, 32 en Segovia, 20 en Soria y 11 en Ávila. Según los datos de la Junta el 42% de los menores tienen características especiales (problemas de salud o aprendizaje, discapacidades físicas o psíquicas, anticuerpos del vih). Coordinación en la Junta Algunos acogedores se sienten «frustrados» por la actitud de la administración. La carta pide coordinación y transversalidad entre las diferentes consejerías para «facilitar una adecuada asistencia a todos los ámbitos de los nilos en acogida y que el cumplimiento de las funciones del acogedor no sea obstaculizado» por el desconocimiento que en unos despachos se tiene de los niños de la Junta. «Hemos tenido que llevar a algún niño a las guarderías municipales o privadas porque no nos los admitían en los de la Junta o a un colegio concertado porque no querían admitirlo en uno público». Hay entre ellos quien se ve a punto de tirar la toalla. LEÓN. Ana Gaitero Redacción La Asociación de Acogedores Especializados de León remitió esta semana al gerente de Servicios Sociales, José María Hernández, un escrito con un informe detallado de los retrasos que sufren en el cobro de la manutención de los menores desde agosto del 2001. Se ven comiendo el turrón otro año de prestado, esperando a que la Junta atienda las necesidades de los niños tutelados por ella y cuya guarda encomienda en algunos casos a las familias de acogida. La situación más perentoria se produjo el año pasado. Hasta el 4 de marzo no cobraron los meses de noviembre y diciembre de 2001 y enero de 2002. El 16 de abril la Junta ingresó los meses de febrero y marzo. Al día de ayer aún no había librado la retribución pactada -entre 270 y 1.500 euros al mes según la dificultad del caso- correspondiente a noviembre. «El año pasado tenían la excusa del euro y este año, ¿qué excusa tienen, el Prestige?», comenta una de las familias. «Somos un colectivo muy pequeño, pero la Junta no puede quitarse el problema de encima y olvidarse de las necesidades de los niños y de las nuestras», agrega. Casi todos los acogedores leoneses especializados atienden más de un caso y se dedican de forma exclusiva a los menores, con lo que todos o gran parte de sus ingresos dependen de la Junta. En los casos en que no es así también se ven obligados a adelantar el dinero para cubrir las contingencias diarias, «que en ocasiones son mayores que las de otro niño». Son menores enfermos, con discapacidades físicas y psíquicas o con problemas de conducta que en ocasiones requiere la presencia casi permanente del tutor, incluso en centros escolares. Como en cualquier familia, su trabajo no tiene vacaciones. Ellos se ocupan de buscar colegio, guardería, centro especializado o contactar con médicos, terapeutas y otros profesionales si los niños necesitan apoyos específicos; en ocasiones tienen que negociar con las familias biológicas los días de visita o sufren las presiones de los padres cuando no están de acuerdo con los días asignados. Por ello piden una mediación efectiva y servicios de respiro familiar para «los acogimientos de especial dificultad y dedicación». «Estamos contentos y satisfechos» de la labor que realizan, pero la situación que viven respecto a la administración «nos hace sentir que nuestras actuaciones no son valoradas ni nuestras necesidades tenidas en cuenta», tal y como indican en el escrito registrado el 18 de diciembre. La Junta insiste en el carácter «voluntario» de su participación en el programa y ellos en que «nos piden dedicación exclusiva porque nos pagan». Saben que hablar de dinero «es muy feo, está muy mal visto, pero a nosotros, como a cualquier familia, no nos caen las cosas del cielo y podemos asegurar que nos entregamos a los niños y niñas que están a nuestro cargo», afirma una de las doce firmantes del escrito. A efectos legales son colaboradores de la Junta, lo que también les ocasiona problemas con el fisco. Tienen obligación de declarar las retribuciones como ingresos, pero no pueden acogerse a ninguna de las ventajas fiscales fijadas por la ley (deducción por menores a cargo, discapacitados, etcétera). La figura del acogedor está muy clara a efectos de la guarda, pero se sitúa en un terreno nebuloso cuando se entra en aspectos legales y fiscales. «Estamos intentando que se cree algún tipo de exención; es algo que no depende de nosotros pero podría haber algún cambio el año que viene», explicó Hernández. El gerente destacó que tras el encuentro que mantuvo en el otoño de 2001 con los acogedores de Castilla y León en una jornada «tratamos de dar respuesta a algunos de sus planteamientos, como el incremento de las retribuciones y dar traslado a la Hacienda Pública del problema del IRPF». También se dejó clara -añade- la diferencia entre los acogimientos normalizados y los especializados y se suscribió una póliza de responsabilidad civil para cubrir posibles incidencias, ajenas a los deberes que los acogedores tienen encomedados por el Código Civil (artículo 173). En el escrito dirigido a la Gerencia de Servicios Sociales también piden información sobre el seguro, para conocer «los términos contemplados» en la póliza que ahora citan en los contratos. La asociación agrupa a los acogedores especializados o profesionalizados, que tienen la guarda de casi del 50% de los 54 niños y niñas incluídos en el programa de acogida en León (35 en familias ajenas y otros 19 con abuelos, tíos u otros familiares). Según datos de la Junta en Castilla y León hay un total de 153 acogimientos en familias voluntarias en la comunidad, de los cuales 35 están en León. La Gerencia de Servicios Sociales de León señaló, por el contrario, que «están al día» y también incidió en el hecho de que a los acogedores «se les da preferencia» sobre los centros concertados que atienden a menores tutelados por la Junta en internados. Varios acogedores aseguraron que ayer aún no habían cobrado. Hernández reconoció los retrasos e indicó el viernes que la Junta estaba tramitando los pagos de noviembre, tras resaltar el «tremendo esfuerzo» de las familias para atender a los niños acogidos «como a hijos». El acogimiento es una medida de protección que se puso en marcha hace algo más de 12 años y pretende ofrecer a los niños separados de sus familias biológicas «una atención individualizada» y un hogar. Un programa puntero La Junta quiere que en el 2003 el 50% de los niños y niñas separados de sus familias biológicas sean acogidos por otra familia. Se trata de una medida preferente, «tanto más cuanto menor sea su edad», según establece la Ley de Infancia aprobada por unanimidad en las Cortes de Castilla y León en el mes de julio. «Es un programa puntero en León y creemos que su balance es positivo y de gran satisfacción», indicaron en Cruz Roja, que es la entidad encargada de captar a las familias de acogida. La Gerencia de Servicios Sociales presentó recientemente la nueva campaña de acogimientos para implicar a más familias leonesas puesto que existen en la provincia cerca de medio millar de niños y niñas que necesitan medidas de protección de la administración. El programa de acogimientos familiares se inició en León en 1989 con carácter pionero y es la provincia donde más respuesta ha obtenido la Junta. Hasta octubre del 2002 se realizaron en la provincia un total de 148 acogimientos desde el inicio del programa, 104 en Salamanca, 101 en Valladolid, 51 en Zamora, 36 en Palencia, 35 en Burgos, 32 en Segovia, 20 en Soria y 11 en Ávila. Según los datos de la Junta el 42% de los menores tienen características especiales (problemas de salud o aprendizaje, discapacidades físicas o psíquicas, anticuerpos del vih). Coordinación en la Junta Algunos acogedores se sienten «frustrados» por la actitud de la administración. La carta pide coordinación y transversalidad entre las diferentes consejerías para «facilitar una adecuada asistencia a todos los ámbitos de los nilos en acogida y que el cumplimiento de las funciones del acogedor no sea obstaculizado» por el desconocimiento que en unos despachos se tiene de los niños de la Junta. «Hemos tenido que llevar a algún niño a las guarderías municipales o privadas porque no nos los admitían en los de la Junta o a un colegio concertado porque no querían admitirlo en uno público». Hay entre ellos quien se ve a punto de tirar la toalla. DL Carteles de una de las campañas de sensibilización para captar acogedores en Castilla y León