Ómicron pone en jaque a las empresas tras disparar un 661% las bajas laborales en León

Ómicron ha provocado una oleada de bajas laborales en las empresas y administraciones públicas de León. La nueva variante de covid dejó en casa a miles de trabajadores durante el mes de diciembre, que registró la cifra más alta de incapacidades temporales por un positivo desde que estalló la pandemia, hace ya casi dos años.

Los datos son elocuentes. El mes pasado hubo en la provincia más de 4.383 personas de baja, lo que supone un incremento del 661% respecto a noviembre, que anotó 576 procesos de este tipo, según la información que maneja la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (Amat) y a la que ha tenido acceso Diario de León.

En la comunidad las cifras son todavía más preocupantes. El aumento en este caso es del 1.066%, con 36.295 bajas asociadas al covid a lo largo de diciembre, que representan el 6,4% de todas las contabilizadas en España, donde se alcanzaron las 566.175, es decir, un 632% más, prácticamente lo mismo que en León. El 1 de enero todavía quedaban 340.000 procesos en vigor, 40.000 más que en los peores meses de la emergencia sanitaria, apuntan desde la asociación de mutuas, que alertan de que esta tendencia se prolongará durante las próximas semanas.

La explosión de contagios, a la que se añaden los confinamientos por contacto estrecho con algún positivo, ha puesto en jaque a muchas empresas de la provincia, que ven amenazada su productividad por esa falta de recursos humanos. Afecta también a las administraciones públicas y al personal sanitario, lo que provoca cierto colapso en los centros de Atención Primaria, desbordados por la prestación de la asistencia sanitaria propia de la sexta ola y por el tiempo que dedican sus profesionales a la gestión de los trámites para dar las bajas y altas laborales, que se han precipitado desde la llegada de ómicron.

En este sentido, las mutuas, «además de mostrar su preocupación por los efectos de la crisis sanitaria en la salud de los ciudadanos», advierten de las consecuencias que «este cuello de botella tiene sobre el alargamiento innecesario de la duración de estos procesos de incapacidad temporal, que afectan a los costes de las empresas y a la actividad económica, lo que repercute muy negativamente sobre las cuentas de la Seguridad Social».

De hecho, el coste de las prestaciones por este motivo ha supuesto para las arcas públicas un desembolso de 3.055 millones hasta el 30 de noviembre, a los que habría que sumar otros 2.500 millones de euros con cargo directo al sector privado como consecuencia de las cotizaciones, complementos y mejoras. En la ecuación no salen las pérdidas por los servicios que no se han podido prestar o por el cierre de los negocios ante la falta de personal.

Según la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, esta situación «puede y debe aliviarse a través de un mecanismo por el que los facultativos tramitaran simultáneamente los partes de baja y alta en un solo acto médico, con una duración de siete días». De este modo solo tendrían que contactar con su centro de salud los trabajadores que tras una semana de aislamiento, tras haber dado positivo, siguieran con síntomas. «Este sistema reduciría casi a la mitad el tiempo que los médicos dedican a la tramitación de los partes, con el beneficio que eso tendría para descongestionar la Atención Primaria», señalan,

El pasado 30 de diciembre, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud estableció un periodo de siete días para el aislamiento de los casos confirmados asintomáticos o con síntomas leves. Los contactos estrechos con la pauta completa de vacunación están exentos, aunque muchos hacen cuarentena.