Aprendizaje
Una madre inicia una cruzada para que no se tengan en cuenta las faltas de los alumnos con dislexia
La madre ha remitido una carta a la consejería y al ministerio de Educación, además de al Procurador del Común, para reclamar unidad de criterios en las diferentes autonomías en la Ebau
Un alumno realiza sus primeras grafías de los números. ÁNGEL MEDINA
Una madre de un alumno con dislexia ha remitido una carta a la consejera de Educación, Rocío Lucas, al Procurador del Común, Tomás Quintana, a la Dirección Provincial de Educación y a la ministra de Educación, Pilar Alegría, para reclamar unidad de criterios para estos estudiantes a nivel nacional, ya que "hay una gran discriminación entre comunidades a la hora de evaluar la prueba de acceso a la Universidad".
El Procurador del Común ya había reclamado a la Junta que los estudiantes con este trastorno del aprendizaje tuviesen un trato propio en los colegios en 2018, pero ahora María Teresa Sánchez, la madre del alumno leonés insiste en que se tenga en cuenta esta dificultad a la hora de corregir los exámenes de la Ebau.
"A pesar del carácter universal de la Ebau, entre las diferentes comunidades autónomas españolas no existen criterios claros y consensuados para determinar cuáles son las adaptaciones necesarias para un estudiante de Bachillerato con dislexia de cara a los exámenes de acceso a la Universidad", señala en la carta María Teresa Sánchez.
Dependiendo en qué comunidad autónoma se realice la prueba el alumno se encontrará con unas u otras medidas de adaptabilidad, explica la madre del alumnos leonés, "siendo la principal barrera la manera en la que se penalizan las faltas de ortografía o distorsiones gráficas derivadas de su dislexia". "Mientras en algunas comunidades, como es el caso de Castilla y León, estas se le penalizarán como al resto del alumnado, en otras, como en Murcia, podrá realizar un examen oral o contar con un editor de texto, en Andalucía tendrá acceso a un ordenador que corrija sus problemas ortográficos y en Cataluña la ortografía se evaluará por un tribunal que valorará cada caso, siguiendo unas normas específicas", continúa.
La madre remarca que con esta diferencia de criterios, "el futuro del alumno con dislexia dependerá de la comunidad en la que viva, dándose la paradoja que tal vez no pueda optar a una plaza en una universidad de su propio territorio por falta de accesibilidad en su Ebau mientras que un estudiante de otra comunidad sí podrá hacerlo al haber alcanzado la nota necesaria gracias a una mayor adaptabilidad en su prueba de acceso".
"En Castilla y León, según la información ofrecida por la Junta, se puede solicitar una adaptación de los tiempos, utilización de formatos especiales y la puesta a disposición del alumnado de los medios materiales y humanos y de los apoyos y de las ayudas técnicas que precise para la realización de las pruebas, así como la garantía de accesibilidad de la información y la comunicación de los procesos y la del recinto o espacio físico donde ésta se desarrolle. No obstante, las faltas de ortografía se penalizan a todos los alumnos por igual", apunta la madre del alumno con dislexia.
El Defensor del Pueblo recuerda, como señala en la carta, que la dislexia no constituye una discapacidad reconocida conforme al Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, dado que se trata de un trastorno neurológico que, sin afectar a la inteligencia, dificulta el aprendizaje de la lectura, la escritura y del cálculo, pero aclara que los alumnos que la padecen necesitan medidas específicas que la compensen.