El Ayuntamiento de León pide a Europa más radares, fotorrojos y coches para multar

Las restricciones al tráfico irán más allá del centro de la ciudad. El proyecto enviado por el Ayuntamiento de la UE a la convocatoria de los fondos europeos Netx Generation recoge que, por encima de la definida como «almendra central», habrá un segundo anillo de control «de gran escala que se apoya en viales de alta capacidad», en referencia a las rondas y grandes avenidas periféricas, y engloba el 25% de la superficie del término municipal y el 79% de su población».

El documento detalla las actuaciones urbanísticas necesarias, el sistema de control y vigilancia que velará para que sólo circulen los vehículos permitidos en cada área y las herramientas para sancionar y conseguir lo que se denomina «calmado del tráfico».

En este último apéndice se anota la compra de «diferente equipamiento de ‘enforcement’»:, como tres unidades de «control semáforo rojo con cámara», que se sumarían a los cuatro existentes; «dos equipos embarcados ‘multacar’», que permiten detectar por la lectura de matrículas y sancionar ante la falta de papeles, aparcamientos en doble fila o incluso fuera del ticket de estacionamiento de la ORA; y «un radar fijo», que se añadiría al existente.

La actuación total presenta un presupuesto de 7.575.971,00 euros, de los cuales «el 90% del gasto elegible», 5.581.020,00 euros», se solicitan dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mientras que los 1.994.951,00 euros restantes debería afrontar el Ayuntamiento con recursos propios.

El documento traslado Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que deberá pronunciarse sobre si acepta total o parcialmente la petición, justifica que este proyecto permitiría abordar el cumplimiento de la Ley de Cambio Climático, en la que se exige contar con una zona de bajas emisiones antes de 2023, sin quedarse tan sólo en un área «exclusivamente limitada al ámbito central de la ciudad» que trasladaría los «problemas de congestión y aumento de la contaminación hacia dichas áreas».

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La almendra central se anota como «zona de bajas emisiones prioritaria». No entra el documento a definir qué vehículos tendrán restringida la entrada, aunque se priorizará a los Eco y Cero Emisiones.

Pero sí que se avisa de que se apoyará «en diferentes zonas de aparcamiento disuasorio, tanto públicos como privados, que permitan favorecer el intercambio a otros modos de transporte menos contaminantes».

Tanto esta como «la zona de bajas emisiones» más amplia quedan abiertas a «ajustes y re-delimitación en base a los trabajos de consultoría correspondientes». Una vez cerrados los límites se «implantarán sistemas de control en sus accesos y salidas, con cámaras inteligentes.

Como complemento se proyecta colocar «80 sensores fijos, medidores de calidad del aire y de ruido ambiente, así como 20 sensores móviles de tecnología IoT ubicados en vehículos municipales, de transporte público urbano y de la Policía Local».

La información, como se reseña en el informe, se analizará durante 6 meses para «definir las reglas de funcionamiento». El marco servirá para «cruzar las matrícula y etiqueta ambiental» de dada vehículos «con las bases de datos que se establezcan en base a las reglas y excepciones del sistema», como los «residentes, servicio público, carga y descarga, accesos a aparcamientos disuasorios, excepciones puntuales y autorizaciones, etcétera», con «el objetivo de establecer un régimen sancionador para las infracciones».