Especial atención a los centros escolares y al ámbito doméstico
El estudio apunta la necesidad de analizar el perfil de las víctimas más vulnerables con el fin de establecer indicadores que permitan una detección precoz del riesgo de sufrir violencia sexual. Esta herramienta debería complementarse con el especial deber de vigilancia y tutela hacia los menores que recae sobre todos los operadores jurídicos, por lo que resulta imprescindible fortalecer la coordinación con otros sectores sociales y, de forma específica, con pediatras y médicos de atención primaria y colegios.
Los menores son un colectivo que, tal y como muestran las estadísticas, sufre una mayor indefensión: solo el 3 % de los delitos cometidos sobre menores fueron denunciados por la víctima, frente al 56,8 % de delitos en los que fue la propia víctima mayor de edad la que denunció.
A este dato se añade que sólo el 6 % de los hechos fueron detectados por aplicación de los protocolos escolares, lo que obliga a plantear la conveniencia de analizar su efectividad. Los centros escolares deben ser, de hecho, “punta de lanza” en la detección de las situaciones de violencia sexual sobre menores de edad.
Los expertos consideran necesario abordar un específico estudio de las causas por las que un tercio de las agresiones sexuales sufridas por niños y niñas (33,6%) son cometidas por alguien que pertenece al ámbito doméstico, por personas del entorno cercano de la víctima, bien progenitores, parejas de sus progenitores u otros familiares.
Es un dato preocupante y con unas consecuencias emocionales y en el desarrollo de la personalidad del menor muy graves pues la persona sobre la que en principio debe recaer la tutela y protección del niño o niña es precisamente la que le agrede sexualmente.