Las concesionarias de los peajes de León reclaman daños por la pandemia
Las pérdidas en el estado de alarma motivan el inicio de pleitos para ajustar contratos
Línea de cabina de cobro en la AP-71, entre León y Astorga. RAMIRO
El estado de alarma dejó un boquete en las previsiones de actividad de las concesionarias de las autopistas, que ahora van a los tribunales para reclamar ajustes en los contratos de gestión, que no encuentra la atención que reclaman al Gobierno por la vía administrativa.
Las dos concesionarias que explotan las autopistas leonesas, Abertis con la León-Astorga, e Itínere, a través de Aucalsa, con la Asturleonesa, están involucradas en este demanda colectiva , con la que quieren restañar las pérdidas acumuladas tras el decreto del 14 de marzo de 2020, que derivó en el estado de alarma, y frenó la movilidad en las vías de alta capacidad interurbanas hasta límites desconocidos. También en las autopistas, que se dejaron en esos meses de estado de alarma inicial pérdidas en los censos de circulación de entre el 80% y el 100% de los índices medios con respecto a los registros del año 2019.
Ese tope no se recuperó, a pesar de los crecimientos paulatinos que sucedieron al regreso a la normalidad, la flexibilidad de las condiciones en los cierres perimetrales, y la transición hacia una normalidad en los tráficos que se han generado con el retorno de la actividad económica sin restricciones.
Sin tráfico, se frenaron los ingresos. En el primer tratado de alarma, durante la primavera de 2020, algunas sociedades concesionarias llegaron a perder el cien por cien de los ingresos habituales. El Gobierno aprobó en ese tiempo, entre marzo y julio de 2020, algunos reales decretos con lo que trataba de acondicionar un equilibrio en las condiciones de los contratos de explotación de las autopistas. Ya entonces las concesionarias intentaron conseguir compensaciones a base de reclamar por vía administrativa ese desfase de ingresos en la cuenta de resultados.
El ejecutivo no ha satisfecho esas demandas, a las que sucede ahora la apertura de contenciosos con los que tratan de obtener la razón legal para restañar las pérdidas.
Esta se podría producir en forma de especie. A través, incluso, de la ampliación del plazo de concesión de las vías contienen las demandas efectuadas por las diferentes concesionarias.
El contencioso se levanta en torno a los daños ocasionados en el primer estado de alarma, y también en los tramos del segundo confinamiento que afectó más por perímetros territoriales.
Las reclamaciones por la pérdida de ingresos coinciden con un nuevo pico en la polémica por el condicionante territorial en la gestión política de los peajes.