La Fiscalía añade un tercer caso de abusos sexuales en la iglesia de León ya prescrito
El último caso es en La Bañeza, está pendiente de calificar y el denunciado es un religioso
La Fiscalía ha registrado dos nuevas denuncias por supuestos abusos sexuales en colegios religiosos de Castilla y León, después de remitir el pasado 8 de febrero el informe solicitado por la Fiscalía General del Estado sobre este tipo de denuncias.
Se trata de una denuncia formulada en León y otra en Zamora, aunque en ambos casos se refieren hechos supuestamente ocurridos hace más de treinta años por lo que estarían prescritos, ha informado a Efe el Fiscal Superior de Castilla y León, Santiago Mena.
El fiscal superior ha explicado que en el informe remitido a la Fiscalía General incluyó información de tres casos activos por abusos en centros religiosos, aunque solo uno en Salamanca está ya calificado como supuesto delito de abuso sexual en el Seminario Menor, si bien el investigado ha recurrido.
Otro de los casos, en La Bañeza está pendiente de calificar y el denunciado es un religioso.
El tercero corresponde a una denuncia formulada por hechos que supuestamente ocurrieron en un centro educativo de una orden religiosa en Burgos, aunque el investigado es un profesor seglar.
El informe incluyó también un caso por el que fue condenado hace dos años el capellán de una cofradía de Valladolid y otro caso de Medina del Campo (Valladolid) en el que el investigado es también un profesor seglar, aunque en este caso se investiga una corrupción de menores.
Santiago Mena ha reconocido la dificultad de realizar un seguimiento de este tipo de casos desde la Fiscalía porque en muchos casos llegan a su conocimiento cuando ya están prescritos y, además, no hay un registro informático que permita identificar con facilidad estos temas.
Ha aclarado que pueden corresponderse con varios tipos delictivos y habría que ir caso a caso para revisar la profesión del presunto autor, lo que supondría un gran volumen de trabajo.
Un total de 68 causas
Los fiscales superiores de toda España han remitido a la Fiscalía General del Estado un total de 68 causas de investigación en tramitación por agresiones y abusos sexuales a menores en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa, de las que dos son en la provincia de León, de las cinco contabilizadas a nivel autonómico.
La comunidad autónoma con más diligencias por delitos de agresiones sexuales a menores en instituciones religiosas es Cataluña con 14 causas en tramitación, según informó la Fiscalía General. Le siguen la Comunidad de Madrid, con ocho; Andalucía y Galicia, con siete diligencias en tramitación cada una; Murcia, con seis; Castilla-La Mancha y Castilla y León, con cinco cada una; País Vasco, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, con cuatro; y Aragón y Canarias, con dos.
Las Fiscalías Superiores de Asturias, Cantabria, Extremadura, La Rioja y Navarra han informado a la Fiscalía General del Estado de que «no hay procedimientos penales» en tramitación por casos de abusos a menores en instituciones religiosas en sus comunidades autónomas.
Una vez recibidos los datos cuantitativos relativos a las causas, la Fiscalía General del Estado explica que realizará «un análisis cualitativo de las mismas a fin de estudiar y dimensionar el fenómeno de los procedimientos en tramitación».
Las fiscalías superiores de las comunidades tenían de plazo hasta esta semana para responder a la solicitud emitida el 31 de enero por la Fiscalía General para que remitir los procedimientos penales en tramitación incoados tanto en sede judicial como fiscal, y que tengan por objeto el esclarecimiento de denuncias o querellas por la supuesta comisión de agresiones y abusos sexuales a menores en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa.
La Fiscalía General del Estado señala que «promover la acción de la justicia es el mandato constitucional y el empeño en el trabajo de las fiscalías ante los hechos que puedan ser constitutivos de delito». Fuentes fiscales explicaron a Europa Press que esa recopilación «manual» de datos de las diferentes fiscalías era la única manera de tener una «visión global», ya que las aplicaciones informáticas del Ministerio Público por medio de las cuales comparten información no permite tener datos desagregados para identificar las características del autor de los abusos.
En 2019, la Fiscalía, que entonces lideraba la fiscal María José Segarra, remitió un informe al Ministerio de Justicia donde alertó de una «deficiente» respuesta al problema de los abusos en la Iglesia en España y propuso investigar casos del pasado, como han hecho en otros países como Australia, Holanda o Austria.