De 18 a 35 años
Castilla y León exige al Gobierno cambiar el bono joven al alquiler
La Junta exige que se modifique el contenido de la ayuda para promocionar el acceso a la vivienda a personas entre 18 y 35 años
Pisos en alquiler en el centro de León. NUNO G. APARICIA
Las comunidades de Castilla y León, Andalucía, Galicia, Madrid y Murcia han pedido este miércoles al Gobierno de España que modifique el contenido del bono joven para promocionar el alquiler de viviendas entre personas de 18 y 35 años, una ayuda de 250 euros mensuales durante dos años .
Los consejeros de estas cuatro comunidades autónomas, entre ellos el de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, han calificado de "improvisada y enrevesada" este bono anunciado en octubre del pasado año y aprobado el pasado 21 de febrero por el Consejo de Ministros .
Durante su participación en la Conferencia Sectorial de Vivienda, este miércoles, han lamentado también que en la elaboración de este bono no se haya tenido en cuenta ni opinión de las comunidades autónomas ni tampoco del Consejo dela Juventud.
Salió adelante "con relaciones mínimas e imposiciones máximas", según explica una nota difundida por la Junta de Castilla y León al término de la reunión celebrada en Madrid y convocada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Para evitar lo que los representantes de estas cinco autonomías han denominado "maraña burocrática", han pedido al Gobierno de España la puesta en marcha de una herramienta informática de gestión que permita a todas las administraciones autonómicas el traspaso de datos en caso de movimientos a otras comunidades por parte de los solicitantes.
Pese a ser cofinanciado, el Plan impone que un 20% de la financiación se destine a programas específicos "que en su mayoría ya existen en las comunidades autónomas, como puede ser el de la Sareb", añade la nota.
Reprochan, por último, una posible invasión de competencias autonómicas al exigir la implantación de algunos programas "sin respetar las previsiones de la legislación autonómica".
En su opinión, se trata de "una imposición que choca con las legislaciones autonómicas en muchos casos, que ya contienen previsiones para atender las necesidades de colectivos vulnerables".