El Gobierno impulsa la conversión de los juzgados de paz en oficinas digitales
El grupo de trabajo de ciberseguridad aborda en León el salto del siglo XIX al XXI de la Justicia
El secretario general de Innovación y Calidad de la Justicia, Manuel Olmedo, en su intervención. DL
La administración de Justicia cogió impulso ayer en León para dar «un salto seguro desde el siglo XIX al XXI» de la mano de un ambicioso proyecto de transformación digital que se beneficiará de 410 millones de euros de los fondos europeos de resiliencia, según reconoció el secretario general de Innovación y Calidad de la Justicia, Manuel Olmedo, en la inauguración del grupo de trabajo de ciberseguridad que se desarrolló en la ciudad.
Olmedo explicó que en 2021 ya se ejecutó el 96% de las ayudas que se recibieron para digitalización de la Justicia y que el reparto de los 302 millones restantes se decidió en el congreso sectorial de Avilés celebrado hace unas semanas. Irán a proyectos propios presentados por las comunidades, pero también a proyectos de país. Esa territorialización de los fondos «persigue reducir la brecha digital y una pata fundamental de ese andamiaje enmarcado en el plan de Justicia 20-30 es convertir los juzgados de paz en oficinas digitales», explicó.
De modo que «todos y cada uno de los municipios que no sean cabecera de partido judicial dispongan de unos medios tecnológicos adecuados para realizar decenas de diligencias y evitar al usuario o al profesional desplazarse a la sede del partido judicial para algunos trámites».
También indicó que «este Gobierno quiere poner en el centro de sus políticas al ciudadano» y por eso intenta reducir los plazos judiciales con medios digitales. Un «reto» no exento de «riesgos» que ayer analizaron en León los expertos de la Dirección General de Transformación Digital de Justicia, en colaboración con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Centro Criptográfico Nacional, el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica y el Incibe para preparar el Foro de Transformación Digital de la Justicia.
Olmedo destacó que la incorporación de la tecnología a la Justicia aporta «valor añadido y libera de tareas que se hacían de manera manual», además de mejorar la transparencia y modernizar estructuras muy antiguas. También reclamó la implicación de las comunidades y de las empresas privadas junto con el sector público en esta tarea de «cocreación de valor» que debe efectuarse «con seguridad y el blindaje necesario que aporta la ciberseguridad para llevarla a buen término».
El jefe del departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional, Javier Candau, explicó que desde el incidente con Lexnet de 2017 se han intentado mejorar los procesos judiciales con una vigilancia continua. «El reto es muy importante y las amenazas muchas, pero hay que hacer la transformación digital eficiente entre todos y con garantías para salvaguardar su misión». La directora del Instituto Nacional de Ciberseguridad, Rosa Díaz, animó a «no escatimar esfuerzos» para lograr esa transformación digital que es más necesaria que nunca en la Justicia para que los ciudadanos y las empresas puedan beneficiarse de las ventajas y minimizar los riesgos en internet.
Por su parte, el alcalde de León, José Antonio Diez, ofreció la ciudad para futuros encuentros del grupo de trabajo o congresos, porque «es una ciudad cómoda, accesible, con más de 2.000 años de historia y cuyo tamaño no nos da limitaciones, sino ventajas».