Tribunales
León necesita cinco nuevos magistrados para cubrir el déficit de la atención jurídica
Al menos una de las plazas sería necesaria para la especialización de las instrucciones en violencia de género
Aspecto de la principal sala de vistas de la provincia, la de la Audiencia Provincial. MARCIANO PÉREZ
La creación de cinco plazas de magistratura, a repartir entre las secciones civiles de la Audiencia, un juzgado de lo Penal , otro de Primera Instancia , una persona especializada en instrucción de violencia de género y otra plaza en Ponferrada para dividir las secciones de civil y penal en El Bierzo son las urgencias más notables que experimenta la provincia en materia de medios humanos para la justicia, de acuerdo a las previsiones de la presidenta de la Audiencia Provincial, Ana del Ser.
El Consejo General del Poder Judicial evalúa en 200 plazas las que se necesitarían para cubrir el déficit de profesionales en todo el territorio nacional. De ellas cinco estarían en León. La más significativa corresponde a la especialización de una persona para instruir casos de violencia de género .
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial constató esta semana «la existencia de un déficit estructural en la plantilla de la carrera judicial» que va en aumento y «cronifica» la justicia interina y acordó interesar del Ministerio de Justicia el incremento del número de plazas a ofertar en las próximas convocatorias de pruebas de acceso a la judicatura.
Según las estimaciones del órgano de gobierno de los jueces, a finales de 2023 habrán ingresado en la carrera judicial 382 nuevos jueces/zas y magistrados/as, mientras que las plazas vacantes serán 563, sin contar con las unidades judiciales que el Ministerio de Justicia prevea crear para ese año. Eso arroja un déficit de al menos 181 jueces. La plantilla de los órganos judiciales de la provincia de León se sitúa en torno al medio centenar.
La cifra de nuevos ingresos se corresponde a la suma de los 171 alumnos de la promoción 71, actualmente en la fase de prácticas tuteladas; los 161 alumnos de la promoción 72, que el pasado mes de enero iniciaron su formación inicial en la Escuela Judicial; y las 50 plazas convocadas para el ingreso como magistrados/as nombrados por el turno de juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional.
Mientras tanto, el número actual de plazas vacantes es de 342 —incluyendo 58 de nombramiento discrecional que no podrán ser cubiertas mientras el CGPJ siga en funciones—, que salen de las bajas por jubilaciones, fallecimientos y otras causas producidas en los últimos años y de las vacantes producidas por los concursos de traslado. A ellas hay que sumar las que se prevé que se producirán en los próximos años por jubilación o por el pase a la situación de servicios especiales: unas 60 en lo que queda de 2022 y alrededor de 85 en 2023.
Problemas
El Consejo General del Poder Judicial constata un saldo negativo en las plantillas de profesionales
A estas circunstancias se añade el importantísimo incremento de la litigiosidad producido en los últimos años, especialmente en los órdenes jurisdiccionales civil y social, hasta el punto de que el nivel de entrada en 2021 fue incluso superior al que se registró en los años 2014/2015, cuando aún tenían incidencia en los datos los efectos de la anterior crisis económica, iniciada en el año 2008.
De hecho, la comparativa con los datos del año inmediatamente anterior al comienzo de esa crisis (2007) revela que la entrada de asuntos se ha incrementado en un 78 % en la jurisdicción civil y en un 32 % en la jurisdicción social. Estos dos son los órdenes en los que mayor repercusión han tenido los efectos de la crisis sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus y las medidas para enfrentarla.