Mª Fe Muñiz Queipo, secretaria de salud laboral de UGT en Castilla y León
«El 78% de enfermedades laborales no se declaran, y no se previenen»
La pandemia agrava la falta de atención a la salud y seguridad laboral que se evidenció durante la crisis económica, con las empresas centradas en su supervivencia. El covid ha traído también nuevas realidades laborales y dolencias en la salud psicológica que hasta ahora no se han tenido en cuenta. En el Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo la secretaria de Salud Laboral de UGT en Castilla y León analiza el escenario en las empresas leonesas.
—¿Cómo ha evolucionado la salud laboral en estos años, primero con la crisis económica y ahora con la pandemia?
—La crisis económica desplazó la prevención de riesgos laborales en las empresas. Se redujeron notablemente las inversiones en un escenario en el que lo único importante era la supervivencia. Además las reformas laborales, sobre todo la del 2012, trajo un enorme deterioro del mercado de trabajo. El debilitamiento de la negociación colectiva, la precariedad y las dificultades reales para ejercer los derechos, redujeron considerablemente los niveles de seguridad y salud en el trabajo, y se traducen en un incremento progresivo de la siniestralidad laboral. Con la crisis del covid hemos vivido algo parecido. Esto ha tenido nefastas consecuencias, sobre todo en términos de mortalidad.
—¿Qué riesgos tiene el teletrabajo, y cómo controlarlos?
—Van desde los riesgos ergonómicos derivados de un mal diseño del puesto de trabajo, a los de naturaleza psicosocial, derivados de la organización, así como del uso intensivo de las tecnologías. El tecnoestrés, la fatiga informática por falta de desconexión, el aislamiento o el ciberacoso son riesgos emergentes que van a dar mucho que hablar. El control de estos riesgos exige una gestión adecuada en el marco de la política de prevención de la empresa.
—¿Cómo han afectado a los trabajadores estos dos años de ertes, incertidumbres, pérdida de negocios y empleo,...?
—Han sido importantes factores estresantes y motivo de preocupación para una parte importante de la población, lo que ha repercutido de manera muy negativa en la salud mental de la población en general, y de las personas trabajadoras en particular. Lo vemos a través del extraordinario incremento en el consumo de psicofármacos. Por segundo año consecutivo, España figura como el país donde se toman más ansiolíticos, sedantes y pastillas para dormir. La Agencia Española de Medicamentos revela un crecimiento de más de diez puntos del uso de los tranquilizantes en la última década, que se ha acentuado durante la pandemia. Esta situación debe ponernos en alerta, y servir para poner en primer plano la atención a la salud mental.
—¿Qué trayectoria sigue la siniestralidad laboral, se ha frenado con la reducción de actividad?
—La siniestralidad laboral es procíclica. La reducción de la actividad económica trae una reducción de las cifras de siniestralidad. Ahora bien, en Castilla y León la reducción de los accidentes de trabajo desde que estalló la pandemia ha sido menos intensa que la caída de la actividad económica. En 2021 los accidentes de trabajo con baja han sufrido un repunte del 15%. Ello nos lleva a pensar que los descensos no responden a una mejora de las condiciones de seguridad, y que basta con que se recupere ligeramente la actividad para que vuelvan a dispararse.
—¿Cuáles son los sectores con más accidentes, y por qué?
—En Castilla y León se concentran en servicios, industria, construcción y agricultura. Sin embargo, si se considera el número de trabajadores ocupados en cada uno de ellos, vemos cómo el orden se altera. Los sectores con la incidencia más alta son construcción, industria, agricultura y por último, servicios. Las causas son múltiples y atienden a las singularidades estructurales de cada sector. Por ejemplo, el sector servicios engloba actividades que van desde el transporte por carretera, que es uno de los que más accidentes registra a oficinas y despachos que es de los que menos accidentes tiene.
—¿Sigue siendo la falta de cultura preventiva una asignatura pendiente tanto de las empresas como de los trabajadores?
—En general, aunque algo se ha avanzado, sigue habiendo poca conciencia del riesgo laboral, y de la prevención y protección del mismo. Aceptamos como algo natural determinadas situaciones, y hemos normalizado el accidente de trabajo como el resultado lógico del propio trabajo. Por otro lado, cuando se asume la gestión de la actividad empresarial apenas se incorporan los aspectos preventivos porque lo importante es el beneficio económico. Necesitamos cambiar estas percepciones, por ejemplo integrando la seguridad y salud laboral en la educación.
—¿Cómo se afronta esto desde un tejido con abrumadora mayoría de pymes y micropymes?
—Las pymes son las que mayor número de accidentes de trabajo registran. Esta circunstancia se debe a una menor concienciación sobre la importancia de la prevención de riesgos laborales, al mayor desconocimiento de las disposiciones legales y a la menor disponibilidad de recursos humanos y materiales. Por eso las hemos incluido como una prioridad en el VI Acuerdo para la Prevención de riesgos Laborales de Castilla y León, suscrito con la Junta el pasado año.
—¿Están las enfermedades laborales suficientemente reconocidas?
—En absoluto. España soporta una tasa de infradeclaración de enfermedades profesionales del 64%, llegando casi al 100% en cánceres ocupacionales. Castilla y León ha declarado en 2021 un total de 406 enfermedades profesionales y la infradeclaración es de un 78%. Esta situación se debe a que la Comunidad, a diferencia del resto, no dispone de un procedimiento de comunicación entre Sacyl y los servicios de prevención que permita declarar los casos de sospecha de enfermedad profesional al INSS. Por otro lado, hay numerosas enfermedades que al no estar incluidas en el listado no pueden ser calificadas como profesionales. En este grupo se encuadran todas las enfermedades mentales derivadas de los factores de riesgo psicosocial, o por poner un ejemplo de máxima actualidad, el covid-19. La infradeclaración provoca una menor protección social hacia los trabajadores afectados y un desplazamiento del gasto hacia el Sistema Nacional de Salud. Pero además, impide que puedan desarrollarse políticas de prevención.
—¿Se presta suficiente atención a la salud psicológica? ¿Cómo ha afectado la pandemia?
—Desde que comenzó la pandemia se ha hablado mucho del impacto que ha provocado sobre la economía, pero muy poco del impacto sobre la salud psicológica. La pandemia ha dejado una honda huella sobre la población que nos va a seguir acompañando en los próximos años, reflejada en un incremento de las depresiones y trastornos de ansiedad, un aumento desmesurado del consumo de ansiolíticos e hipnosedantes, así como un notable incremento de consultas relacionadas con salud mental en atención primaria. En los últimos meses, sin embargo, la percepción está variando y la salud mental empieza a acaparar mayor atención. A pesar de ello, sigue sin ser suficiente. Sensibilizar y luchar contra la estigmatización, impulsar la prevención de las conductas adictivas y promover el bienestar emocional, de manera especial en los grupos más vulnerables como las mujeres, los niños o los mayores.
—El control de las bajas por las mutuas ¿ es correcto o se ha acentuado la presión sobre los trabajadores?
—Desde el sindicato llevamos tiempo denunciando que las mutuas vienen endureciendo los criterios a la hora de expedir una baja por contingencia profesional y su derivación de forma sistemática al ámbito de la contingencia común, con el consiguiente perjuicio económico para la persona afectada y para la sociedad que en definitiva, acaba asumiendo ese coste. Y por supuesto, la repercusión que tiene desde la salud laboral: lo que no se ve no se puede prevenir. Más que poner el foco en fiscalizar a las personas trabajadoras deberían de reflexionar acerca de la infradeclaración de enfermedades profesionales.
—¿ Como deben los trabajadores afrontar la situación de aparente postpandemia, como la retirada de las mascarillas?
—Aún es pronto para definir la situación actual como de era post pandemia puesto que los datos recientes manifiestan un aumento del índice de incidencia, nos encontramos en un momento de repunte. A nivel social estamos en una fase de transición de la pandemia y por tanto de adaptación, pero siempre actuando desde la prudencia y el sentido común. Los delegados y delegadas de prevención deben de reclamar a las empresas, que realicen la evaluación de riesgos adecuada, que determine si existe necesidad de continuar utilizando mascarilla, actuando siempre bajo el principio de precaución y cautela.