El PP advierte de multas de tráfico «sin soporte legal»
Salguero avisa de que los nuevos carriles y los límites de velocidad no están en ordenanza
Señalización del carril bus en Independencia. FERNANDO OTERO
Con el precedente asentado por la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que anula la regulación por decreto, sin ordenanza, de los carriles bici y bus-taxi-VPM en Valladolid, el grupo municipal del PP avisa al gobierno municipal de la capital leonesa de que se encuentra en una situación similar a la de su compañero Óscar Puente. Con el fallo en la mano, el viceportavoz, Fernando Salguero, incide en que «León cuenta con carriles sin el correspondiente soporte legal e indicaciones de 20 o 50 kilómetros hora que se contradicen en numerosos lugares». «Es un desastre que genera sanciones no reglamentarias al no haber impulsado la necesaria ordenanza reguladora, imprescindible como así han puesto de manifiesto varias resoluciones judiciales en toda España», insiste.
Salguero incide en que el equipo de gobierno «dirigido por el alcalde Diez mantiene su línea de enmarañar el tráfico y la movilidad de la ciudad mediante decretos, mediante anuncios que se contradicen en el tiempo, en vez de elaborar la necesaria ordenanza reguladora que ampararía legalmente todas estas medidas». El edil popular abunda en que el regidor «no comprende el proceso de aplicación de las normas de circulación en las vías urbanas de nuestra ciudad, ya que está provocando un desastre de difícil comprensión que, en múltiples ocasiones, genera la aplicación de sanciones no reglamentarias».
El representante del PP detalló que «la velocidad genérica establecida por la DGT es de 30 kilómetros por hora, pudiendo modificarse ésta pero siempre mediante una correcta y clara señalización, algo que no ocurre en varias de las vías urbanas como, por ejemplo, en la calle Joaquín González Vecín, el paseo de la Condesa, la avenida Reyes Leoneses o Santos Ovejero». Salguero recalcó que «el equipo de gobierno desconoce que los carriles-bici, o carriles taxi-bus, que han proliferado sin racionalización, han de ser regulados mediante la correspondiente ordenanza reguladora que estipule su uso y no por medio de decretos de alcaldía que no presentan el soporte legal necesario como se ha señalado en diferentes resoluciones judiciales». «Es un auténtico galimatías en el que los conductores se llevan la peor parte al sufrir numerosas confusiones que, en demasiadas ocasiones, derivan en multas», advirtió el edil.