Los universitarios leoneses, contra la nueva ley por el papel de las empresas

«Tenemos una oposición total a la nueva ley de universidades porque permite a las empresas tener un papel más importante en la universidad, porque permite regular unas prácticas que afectan tanto a los estudiantes como a los trabajadores», precisa el portavoz del sindicato Frente de Estudiantes, Nicolás Corrales, para incidir en que «deja a las universidades comprarse por las empresas, por lo que los centros académicos acabarán coaccionados por sus exigencias en los contratos de prácticas, que serán abusivos».

La Ley orgánica del Sistema Universitario (Losu), que tras pasar por el Congreso entraría en vigor en 2023, tiene como principal crítica las prácticas, «porque crea un estatuto propio para los alumnos, que no cumple con el de los trabajadores y ofrece unas prácticas laborales fijadas por la empresa». Además, Corrales incide en que la presencia del sector empresarial en los consejos sociales de las universidades, «con lo que forman parte de su financiación», perjudica al sistema educativo.

El hecho de que se recoja en la nueva ley un aumento de financiación fija a las instituciones académicas es visto como «positivo» por el Frente del Estudiantes, que sin embargo «tiene elementos con los que se pretende subordinar al rector al Consejo de Gobierno y al Consejo Social, donde está representado el sector empresarial». «Limitar algunas de las funciones del rector resultará positivo, pero todo depende de a qué órgano se derive. Si la decisión final la debe tomar el claustro resultará positivo, pero no si recala en el Consejo Social», incide en relación a que volverían a ser las empresas las que tuvieran la última palabra.

Reducir la interinidad de los docentes universitarios es otro de los planteamientos de la Losu, que según los estudiantes redundará en «la mejora de la calidad educativa». En cuanto a la huelga de estudiantes, que la nueva ley les garantiza, Corrales destaca que se deben a las negociaciones llevadas a cabo durante la elaboración del borrador de la nueva ley, «aunque aún no están claras las limitaciones». En la normativa planteada por el Gobierno se incide en que los alumnos podrán ir a la huelga siempre y cuando lo comuniquen previamente. Según se recoge en el documento, los alumnos tendrá derecho una vez entre en vigor la Losu a parar las clases para acudir a asambleas o protestas sin que nadie pueda impedirlo con la celebración de exámenes o la toma de represalias. Eso sí, la convocatoria debe notificarse oficialmente y decidirla el órgano de representación de los alumnos.