La reforma legal evita declarar a 200 leonesas por violencia de género ante sus agresores

El Tribunal Supremo avala una reforma de acuerdo a la cual cerca de 200 leonesas evitarán el penoso trámite de volver a declarar en los juicios por violencia de género , con la particularidad de que de esta forma, no habrán de someterse al penoso momento de enfrentarse otra vez en sala a su agresor. El año pasado, 177 mujeres de la provincia fueron citadas a juicios en diferentes órganos judiciales leoneses para participar en vistas orales.

La fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, aboga por llevar a cabo una reforma legal que permita que las víctimas de agresiones sexuales sólo tengan que declarar durante la fase de investigación, ahorrándoles así el «calvario» del proceso y la asistencia al juicio oral, algo que algunas mujeres prefieren evitar y que en ocasiones puede llevar a que lleguen a una conformidad con el agresor. Peramato explica que está opción, que se denomina prueba preconstituida, ya se usa cuando, por ejemplo, quien declara es menor de 14 años o en casos excepcionales como cuando la persona corre el riesgo de fallecer antes de la celebración del juicio oral.

Desde su punto de vista, debe extenderse no sólo a las investigaciones de agresiones sexuales sino al resto de casos de violencia de género.

Durante el primer trimestre de 2022, los juzgados de violencia sobre la mujer de Castilla y León recibieron un total de 1.279 denuncias, lo que supone un incremento del 9,9% con relación a los tres primeros meses del pasado año. Este aumento, según los datos de un informe publicado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género , contrasta con la subida del 19,3% del conjunto de España, donde se registraron 41.765 denuncias, de acuerdo al mismo estudio.

La modificación que se está planteando el Tribunal Supremo viene a cuento de los dos casos en los que los violadores han llegado a acuerdos con sus víctimas —el caso de los dos policías de Málaga y el de Mula (Murcia)— que les ha permitido evitar entrar en prisión.

Para la fiscal Peramato, el hecho de hacer pasar a la víctima por todo el «calvario lento y tortuoso» del proceso judicial, aunque acaben declarando en el juicio a puerta cerrada, es algo que se debe evitar. A su parecer, se debe proteger a la víctima y así desincentivar que opte por conformidades para evitar situaciones traumáticas.

Recordó que ya el primer borrador de la Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del ‘solo sí es sí’, contemplaba esta posibilidad, pero que desde el Ministerio de Justicia se prefirió esperar a introducir ese cambio en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) —reforma que de momento no avanza en su trámite—.

Asimismo, Peramato señalo que, en paralelo, se debe extender la especialización de los juzgados de violencia sobre la mujer de manera que lleven también asuntos relativos a agresiones sexuales, superando así el ámbito de la pareja o expareja.

Apuntó que la ley del ‘solo sí es sí’, que de momento no ha pasado el trámite parlamentario por una enmienda, ya lo contempla en una de sus disposiciones. A su juicio, esto logrará abordar casos de violación con una mayor especialización y con perspectiva de género y garantizará que las víctimas logren mayor seguridad ante el procedimiento.

Revisión de salas

La Consejería de Justicia de la Generalitat de Cataluña está «finalizando» la revisión de las salas de víctimas que hay en los juzgados catalanes para evitar que coincidan con sus agresores. En el caso de León, por el momento solamente se ha solicitado la creación de una Sala Gesell en los juzgados. Son las dependencias en las que los menores pueden prestar sus declaraciones o sus testimonios a salvo del contacto directo con la persona a la que han denunciado.

La comunidad catalana se ha adelantado a las demás ý empezó la revisión a principios de este año. Trabaja en un Plan Estratégico de Atención a la Víctima del Delito que entrará en vigor a finales de 2022. Este plan pretende «garantizar los derechos de las víctimas, asegurar que sean reconocidas y protegidas de la victimización secundaria e institucional, facilitar el acceso a los servicios de apoyo y priorizar el acceso a la justicia restaurativa», explicó en un comunicado.

Esta filosofía de trabajo incluye el refuerzo del papel de las oficinas de atención a la víctima del delito y de los equipos de asesoramiento técnico penal, dedicados a garantizar los derechos de las víctimas antes, durante y después del procedimiento penal.

El plan, que entrará en vigor a finales de año, «pone mucho énfasis en las víctimas de la violencia de género». La Consejería aseguró que da respuesta a todas las peticiones de los juzgados en casos de violencia de género.