El nuevo curso arrancará en León con un coordinador de bienestar

Todos los colegios deberán contar este próximo curso con un coordinador de bienestar para atajar cualquier tipo de violencia o acoso en sus aulas, una nueva figura de la que de momento se desconocen los detalles de cómo se va a implementar y que algunos temen se hará a coste cero, sin la necesaria formación y coordinación.

En junio de 2022 se cumplió un año de la aprobación de la ley de protección a la infancia frente a la violencia, que obliga a tener operativos a partir de septiembre próximo a estos coordinadores, un perfil que también recoge la Ley Celaá, la Lomloe. Estos profesionales deberán estar en todos los centros educativos donde estudien menores de edad, ya sean públicos o privados.

Los últimos documentos elaborados por el grupo de trabajo del Observatorio Estatal de la Convivencia y las comunidades autónomas entraron en más detalle de cuáles deben ser sus funciones y poner negro sobre blanco sobré cómo actuar ante situaciones de maltrato, acoso y violencia, explican fuentes del Ministerio de Educación.

Según los documentos que ha preparado el grupo de trabajo del, entre las tareas que deberán desempeñar los coordinadores de bienestar figuran las de coordinar con la dirección del centro el Plan de Convivencia; fomentar una alimentación saludable en el colegio; potenciar el uso de métodos de resolución pacífica de conflictos; informar sobre los protocolos en materia de prevención y protección de cualquier forma de violencia, y elaborar estrategias para identificar situaciones de riesgo.

Extremadura es de las pocas autonomías que ya han informado de cómo va a aplicar esta novedad. En sus colegios será un miembro del equipo directivo o una persona propuesta por la dirección, y en la ESO pueden ser educadores sociales y, en casos excepcionales por falta de disponibilidad, el profesional a quien designe la dirección del centro.

En declaraciones a Efe, el secretario de enseñanza pública no universitaria de Comisiones Obreras, Héctor Adsuar, afirma que hay más comunidades que plantean este camino cuando, en realidad, habría que apostar por «poner al menos a una persona más en plantilla para asumir adecuadamente estas funciones». En ese sentido, Adsuar teme que las administraciones educativas autonómicas pretendan hacerlo «a coste cero», lo que «no es razonable ni aceptable».

Se necesita —insiste— a un profesional más a jornada completa para que esto se haga bien y para ello «se requiere inversión del Ministerio de Educación y de las comunidades, de lo contrario lo que se va a hacer es sobrecargar a las plantillas». También hace falta formación: «Debe haber una oferta formativa suficiente y espacios dentro del horario laboral para tener al profesorado actualizado», añaden desde CC OO.

Ramiro Andrés Ortegón, presidente de la Plataforma PDA Bullying, explica que a día de hoy es difícil dar una visión general de cómo se va a implementar esta nueva figura. Este experto, profesor del Máster de Formación Permanente en Acoso Escolar de la Universidad Internacional La Rioja, apunta a que uno de los puntos clave será la formación: «Necesitamos personas formadas y mientras no lo estén esas funciones las asumen las administraciones».

Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política de Save the Children, oenegé que colaboró en la Ley de Infancia, asegura: «Las principales dudas es quién tiene que ocupar ese puesto; si tiene que tener dedicación completa, así como la formación específica que debe tener esa persona. Lo importante es que haya recursos suficientes para su implementación».