El derribo de las casas en ruina de Los Osorios abrirá una vía en La Palomera

La ruina del recodo que hace la calle Los Osorios al formar ángulo con la plaza del Padre Severino Ibáñez se encuentra ahora con las trabas del banco malo . La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaría (Sareb), creada por el Gobierno para absorber los inmuebles acumulados por las entidades nacionalizadas o en reestructuración, intenta bloquear la orden del Ayuntamiento de León que obliga a derribar las casas de los números 25, 27 y 29, pero a su vez abre la puerta al desarrollo de unas parcelas que se anotan en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como «fuera de ordenación». Al otro lado de la valla se asoma la calle Padre Getino, convertida en un fondo de saco a la espera de una urbanización que desde el organismo público-privado se compromete en el corto y medio plazo, mientras se reclama el aplazamiento de los derribos de las edificaciones.

La maniobra para dilatar aún más los plazos, tras años de denuncias vecinales por el peligro de caída de las estructuras, la suciedad y hasta los incendios provocados por su okupación, avala la postergación de la declaración de ruina con la promesa de que ya han iniciado «las gestiones necesarias» para reurbanizar todo el espacio. El argumento defiende que la actuación se llevará a cabo cuando se constituya la junta de compensación, en la que se incluyen las tres fincas afectadas, más la que se corresponde con el número 1 de la plaza Padre Severino Ibáñez, donde el Ayuntamiento derribó la casa en enero de 2021 por su peligroso estado de conservación.

Entonces, los gastos de la demolición se compartirán entre los propietarios, previa puesta en marcha de «la redacción y tramitación del proyecto de normalización y del proyecto de urbanización del ámbito». A partir de ahí, comenzarían las obras para abrir la calle de comunicación entre Padre Getino y Padre Severino Ibáñez y quedarían las parcelas para la construcción de nuevos bloques de viviendas en los que se permitiría elevar las alturas al nivel de los edificios del entorno, en lugar de mantener la planta baja actual, y sostener su rentabilidad.

La alegación de la Sareb insiste en «la necesidad de continuar adoptando tan sólo una serie de medidas de seguridad provisionales hasta que el proceso de gestión urbanística siga su curso y culmine en la demolición de la edificación de forma previa a la ejecución de las obras de urbanización». Pero no ha sido atendida por los técnicos del Ayuntamiento, que trabajan desde el pasado mandato en la tramitación de los expedientes para el derribo de este foco urbano en ruina, tras la alerta de los vecinos.

Los profesionales del consistorio han denegado la petición, una vez asentado el informe en el que se reseña que «los gastos de conservación y reposición de sus condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad», que suman en total de 470.611,66 euros, «exceden del límite del deber legal de conservación». No hay más alternativa que la rehabilitación o la demolición, según se remarca en el informe aprobado por la comisión de Desarrollo Urbano. Luego, ya se abrirá la calle.