Doble guerra a 72 horas de la huelga de basura: los trabajadores impugnan los servicios mínimos y hoy se revisarán los precios de la concesión del servicio
-Los sindicatos impugnan ante el juzgado los servicios mínimos impuestos por Gersul -El consorcio convoca junta extraordinaria para las 20.00 horas de hoy e incluye en el orden del día la "revisión de precios del contrato de concesión del sistema de gestión de los residuos sólidos"
Los trabajdores de Gersul, esta tarde ante la Diputación de León. FERNANDO OTERO PERANDONES
El conflicto abierto por la basura se recrudece. Los representantes de los trabajadores advierten de que denunciarán en las próximas horas ante los juzgados los servicios mínimos decretados por el Consorcio de Gersul para la huelga que comenzará el próximo lunes y se extenderá hasta el 9 de octubre, con la posibilidad de prorrogarse de manera indefinida y paralizar la recogida, fiestas de San Froilán mediante.
La administración, liderada por la Diputación Provincial, marca que tendrán que mantener la actividad más de un 41 % de la plantilla: 51 operarios en toda la jornada.
Desde la representación laboral se insiste en que en las dos últimas huelgas se mantuvieron unos servicios mínimos del 33 % y el 10 % E insisten en que entonces ya fueron los juzgados los encargados de corregir la propuesta de la empresa.
A contrarreloj, la guerra abierta encuentra este jueves una nueva cita para frenar la huelga. Desde la presidencia del Consorcio, se ha convocado a la junta directiva de Gersul para un consejo extraordinario a las 8 de la tarde en la Diputación Provincial.
La convocatoria marca apenas tres puntos en el orden del día. Más allá del pronunciamiento de los miembros de la junta directiva sobre la urgencia, la presidencia de Gersul, liderada por el diputado Santiago Dorado, fija un apartado para informar sobre la convocatoria de huelga planteada por los trabajadores para reclamar la actualización de sueldos, congelada desde 2013.
Pero en el último apéndice se señala como motivo del encuentro la decisión de “revisión de precios del contrato de concesión del sistema de gestión de los residuos sólidos urbanos de la provincia León”.
El enunciado deja abierta una puerta para la resolución de la huelga. El conflicto se enquista por la guerra abierta sobre cómo asumir los cerca de 1,7 millones de euros de la actualización salarial con carácter retroactivo de los últimos 10 años para los cerca de 170 trabajadores de la plantilla. La UTE concesionaria, formada por FCC y Urbaser, defiende que el consorcio debe aprobar una revisión del canon concesional, que en la actualidad ronda los 17 millones anuales, para aplicar en la plantilla.
