Gersul pacta 'in extremis' la revisión del canon para poder frenar la huelga

Contra reloj, con apenas 72 horas por delante, la junta directiva del consorcio para la gestión de los residuos de la provincia de León (Gersul) se reunió a última hora de la tarde de este jueves para aprobar una salida con la que frenar la huelga .

La amenaza de paralización de toda la recogida provincial desde el lunes hasta el 9 de octubre, San Froilán mediante, y con la apostilla de poder a largarse de manera indefinida , motivó el encuentro celebrado para pactar una postura con la que presentarse de nuevo este viernes ante la Unión Temporal de Empresas (UTE) concesionaria, formada por FCC y Urbaser.

Si las cifras de ambas partes cuadran, se desactivará la movilización que tiene a los 170 trabajadores como punta de lanza , pero cuya factura supera con creces el pago de las subidas salariales adeudadas con carácter retroactivo en los últimos diez años.

El escollo supera los 1,7 millones de euros que, de acuerdo a los números que plantea la concesionaria, costaría actualizar el sueldo de los operarios conforme a los mismos niveles que ya tienen los trabajadores públicos.

Pero el desembolso que tendría que hacer Gersul rebasa esta cantidad, en la que la UTE reclama además que se valore el aumento de los costes de prestación de los servicios, como la electricidad y otros.

Estos conceptos superan  los 2,7 millones de euros retroactivos, de acuerdo a las tesis de la concesionaria. Su aplicación anual se sumaría a los 11,8 millones de euros que en la actualidad se abonan por parte del consorcio a las empresas en concepto de cánones de explotación e inversión, más otros 2,4 millones de ecotasa y otros impuestos

Sin esta cifra total, no habrá acuerdo. El consorcio defiende la aplicación de la fórmula polinómica fijada en el contrato para la actualización año a año. La suma atiende a los 10 ejercicios que quedaron en suspenso mientras se mantenía el pleito judicial entre la empresa y Gersul por el pago del canon de los últimos cinco meses de 2009 y todo 2010.

Entonces, se aplicó una subida por parte de la UTE del 64% amparada en el capítulo de nóminas y en nuevas incorporaciones. La Diputación lo admitió en 2011, pero dejó desembolsar los 17 meses atrasados, por los que la concesionaria llegó a exigir en los juzgados 59,6 millones al añadir intereses.

El pago se cerró al final en 23 millones de euros que terminaron de desembolsarse en enero de este año. Ahora, la revisión del canon vuelve a poner en riesgo la recogida y tratamiento de la basura en la provincia. La UTE no pagará a los trabajadores los atrasos, que rondan en total un 10%, hasta que Gersul le actualice la factura. Los 170 operarios aguardan en medio del campo de batalla una solución arrastrada durante años .