Las empresas le exigen a Gersul para frenar la huelga 2 M€ más de la subida a los operarios

El problema de la huelga de la basura que se avecina a la vuelta de este domingo no se ciñe a un problema salarial. El conflicto en el que los trabajadores han servido como ariete esconde la pugna de la Unión Temporal de Empresas (UTE) concesionaria del servicio, formada por FCC y Urbaser, de hacerse con una revisión contractual que excede con mucho la cantidad que daría para aplicar a los 170 operarios de las plantas de transferencia y del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) las actualizaciones de sus nóminas, congeladas desde 2013.

La propuesta planteada por el consorcio para la gestión de los residuos (Gersul), liderado por la Diputación, ajustada a la fórmula establecida en el marco del contrato, reconoce el pago de 2,3 millones de euros por la aplicación con carácter retroactivo de las revisiones anuales. Pero las dos multinacionales reclaman más de 4,4 millones de euros para frenar la convocatoria de movilización que amenaza con llenar de basura las calles de los pueblos y ciudades provinciales en apenas 24 horas desde el lunes hasta el 9 de octubre, San Froilán por medio, y con la opción de prorrogarse de manera indefinida.

La diferencia radica en la interpretación de cada una de las partes de cómo tiene que actualizarse el canon de gestión e inversión, por los que en la actualidad la UTE percibe 11,8 millones de euros en cada anualidad. Gersul, de acuerdo al criterio de los técnicos, defiende que su compromiso, como se aprobó en la junta de gobierno de 6 de abril de este año, reconoce «el incremento anual de las retribuciones de los trabajadores desde 2013 hasta la finalización del contrato», pero con la apostilla de su ajuste a «los términos establecidos en la cláusula 7.2 del pliego rector del contrato de concesión».

Este apunte marca la frontera de lo que está dispuesto a admitir Gersul para no caer en irregularidades, como han advertido los técnicos en las reuniones y se reiteró en la junta directiva del jueves por la noche. La cláusula define la fórmula polinómica para la actualización de los precios por tonelada dentro del contrato, en el que además se establece que las subidas salariales serán asumidas por el consorcio en un 47%, mientras que el 53% restante corresponde a las multinacionales.

Frente a esta postura, las multinacionales se agarran al acuerdo del Servicio Relaciones Laborales (Serla) de octubre de 2019 que paralizó la amenaza de huelga. En ese documento, en el que los representantes de Gersul asisten como interesados pero no como parte, se asienta que el consorcio asumirá «la totalidad de los costes de personal derivados de la aplicación del convenio colectivo, tanto los que aluden a las retribuciones salariales como los que afectan a las jornadas laborales».

Aunque las pretensiones de la concesionaria van aún más allá. No sólo exigen que Gersul asuma el 100% de los 1,7 millones de euros de la actualización salarial con carácter retroactivo, que supone un 10% en total como los trabajadores públicos en los diez años en los que han estado congelados, pero no la antigüedad que ha crecido a un ritmo de un 1,9% como marcan las tablas provinciales. Las multinacionales suman además el resto de conceptos, como el coste de la electricidad y otros que ya se contienen en la fórmula, superan los cálculos de los técnicos de la Diputación. Por si no fuera suficiente, FCC y Urbaser se acogen a la reclamación del 10% apuntado como gastos generales sobre el total, lo que implica que mientras más gasten, más reciben.

Con estos dos planteamientos como base, las dos partes volvieron a reunirse desde el mediodía de ayer hasta las 16.00 horas y, tras un receso de dos horas, reanudaron la negociación. Hoy, a las 09.00 horas, volverán a encontrarse en el Palacio de los Guzmanes para intentar acercar posturas a menos de 48 horas para el comienzo de la huelga. La concesionaria ya tiene margen para pagar las subidas salariales a los trabajadores. Falta por resolver si le sirve lo que le queda como beneficio.