Más de 2 M€ de distancia entre las empresas y el consorcio por limar
El entendimiento entre Gersul y las empresas concesionarias del servicio no pasa por el momento de un preacuerdo. El acuerdo definitivo tendrá que afinarse en las próximas semanas a partir del compromiso de que el pago de la actualización salarial a los trabajadores desde 2013 queda garantizada. Sobre este punto se arma la promesa trasladada a los sindicatos para solicitar el aplazamiento, pero ahora queda el trabajo de despacho para intentar limar las diferencias que parecían insalvables en la reunión del jueves y que, 48 horas después, con la amenaza de la presencia de la basura a las puertas de los pueblos de la provincia leonesa, forzó una salida de última hora.
Desde la Diputación provincial se ha insistido a los trabajadores en que en los próximos 15 días podrían estar resueltas estas diferencias. La distancia va de los 2,3 millones de euros que los técnicos de Gersul admiten ajustada a las cláusulas del contrato y los cerca de 5 millones de euros que exigían las multinacionales en los primeros encuentros. Este planteamiento ya se ha acortado, como muestra el apunte del acuerdo d e la junta directiva del consorcio en la que queda asentado que no entrarán en los cálculos de revisión los gastos generales, en los que pedían un aumento del 10% sobre el total del contrato, ni el beneficio industrial.
No está en disputa tampoco la firma del convenio laboral hasta el final de la concesión, que vence en 2024, pero que tiene una cláusula por la que caben dos prórrogas de cinco años cada una. La garantía de este acuerdo se ha ofrecido también a los trabajadores como muestra de la voluntad para llevar adelante el compromiso con el que les reclaman que aplacen la huelga.
Pese a cerrar este interrogante del convenio que había quedado en el aire en los últimos días, sí que ha sido objeto de debate la responsabilidad de quién tiene que asumir la antigüedad que cada año se les ha aplicado a los trabajadores. Este 1,9% anual suma hasta 2024 1,9 millones y la empresa, que ya lo ha pagado hasta 2021, exige que recaiga sobre el consorcio.