Los trabajadores dan hasta diciembre para cobrar o reactivarán la huelga de basuras en León

Al final, no habrá huelga . Por lo menos, no hoy, cuando estaba previsto que el bloqueo de las plantas de transferenci a y del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) bloqueara la recogida de la basura en toda la provincia. Pero la decisión adoptada por los operarios no se traduce en un cheque en blanco. La salida, por el momento, tan sólo se recoge como un aplazamiento de las movilizaciones, como han presentado esta mañana los sindicatos a la asamblea de trabajadores. Ahí queda latente la amenaza de volver a registrar un nuevo calendario de paros para diciembre, con el puente de la Inmaculada como primer impacto y la Navidad detrás. Si Gersul y la Unión Temporal de Empresas (UTE), formada por FCC y Urbaser, no cumplen en noviembre su compromiso de abonar con carácter retroactivo las actualizaciones de los salarios de estos últimos 10 años, que suman un incremento de un 10% con respecto a 2013 y 1,7 millones de euros a repartir entre las 170 nóminas, entonces habrá huelga, como en 2015.

El aplazamiento, que hoy ratificará la asamblea a primera hora, como ha pasado con todos los acuerdos del comité hasta ahora, se sustenta en el compromiso arrancado a última hora al consorcio y las concesionarias «ante la inminencia del inicio de la huelga del personal del servicio provincial de tratamiento de residuos sólidos urbanos», como se recoge en el acta de la junta directiva de Gersul aprobada en la noche del sábado. El documento admite la decisión de asumir los pagos «ante la manifestación de la UTE Legio VIl de que la asunción de las reivindicaciones de los trabajadores produciría un quebranto económico insuperable unido al hecho de la minoración del número de toneladas tratadas».

Gersul, tras el pacto con las multinacionales, asienta que resolverá «el procedimiento de revisión del canon de explotación dentro de las determinaciones del contrato», lo que supone mantenerse en las guías marcadas por los técnicos. Aunque, como se afina en la redacción del acuerdo, el consorcio reconoce que, «a iniciativa del concesionario como parte legitimada en el contrato y previa la instrucción del procedimiento legalmente aplicable», establecerá «el desequilibrio en la economía del contrato que la firma de un nuevo convenio colectivo con un incremento de retribuciones dentro del limite de los incrementos del personal del sector público determine».

El cálculo, como consta en el informe, «se calculará a partir de la constatación auditada de los costes salariales, sin incrementos por conceptos como gastos generales y beneficio industrial o de naturaleza similar». Esta última apostilla acaba con las pretensiones de las empresas de estimar estos conceptos, que suponían más de un 10% sobre el total del contrato, que en la actualidad suma 11,8 millones de euros anuales entre canon de explotación y de inversión, y por el que, mientras más se gaste por la prestación de los servicios, más reciben en su cuenta.

El acuerdo abunda en que, «a tales efectos, la UTE concesionaria habrá de trasladar a Gersul el cálculo del desequilibrio de referencia con la solicitud de su fijación y asunción como condición y presupuesto de la posible configuración de la firma del convenio». Aunque en el documento se advierte de que en la negociación del mismo el consorcio «no es parte legitimada como factor causal determinante de un posible desequilibrio económico como el indicado».