Diario de León

Los trabajadores ratifican por unanimidad el aplazamiento de la huelga de la basura

Advierten a Gersul y la UTE de que si no les pagan lo adeudado, la retomarán en diciembre

León

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Sin disensión alguna, las asambleas de trabajadores de las plantas de trasferencia y el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) respaldaron a primera hora de ayer el planteamiento de los sindicatos de aplazar la convocatoria de huelga. Por unanimidad, los operarios suscribieron la decisión de asumir el compromiso de Gersul y la UTE concesionaria, formada por FCC y Urbaser, para el pago en las próximas semanas de las actualizaciones de sus salarios, congelados desde 2013.

Los trabajadores, que iniciaron la jornada con normalidad, mantienen su confianza en las negociaciones del comité de huelga. El consorcio y las multinacionales trasladaron a los representantes sindicales la promesa de que en el plazo de un mes y medio e, incluso, antes, estará finalizada la tramitación administrativa para poder hacer efectivo el abono de las cantidades pendientes.

En esta promesa se empeñan los 1,7 millones de euros que suman las actualizaciones de los 170 operarios con carácter retroactivo y el asentamiento de un crecimiento total de un 10%, acorde al que han tenido los trabajadores públicos en este tiempo. Una suma que devolverá el dinero adeudado a sus nóminas, que en este tiempo sí que han visto satisfecho el apunte de las antigüedades, con un alza d e un 1,9%, de acuerdo al convenio provincial.

Pero, como advirtieron los sindicatos en las asambleas celebradas desde primera hora de la mañana, en León, San Román de la Vega y Santo Tomás de las Ollas, la decisión no supone anular la convocatoria, sino tan sólo aplazarla. Si Gersul y la concesionaria no cumplen con el compromiso, en el mes de diciembre se reactivará la movilización, con el puente de la Constitución y las Navidades en el objetivo.

Ahora, el trabajo corresponde a la Diputación y a las empresas, que deben afinar los más de dos millones de euros de diferencia que hay entre los 2,3 millones que admite el consorcio y lo que exigía la UTE.

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