El gobierno de Diez maniobra para bloquear la auditoría del escándalo del alumbrado

Con los informes encima de la mesa del jefe de sección de Gestión Energética que alertan de que la iluminación es un 38% inferior a la reglamentaria y el asunto a la espera del dictamen del Procurador del Común , el equipo de gobierno del PSOE intenta ahora ampararse en dos informes técnicos para bloquear la  auditoría interna que reclaman los grupos de la oposición tras considerar el caso un escándalo. Los documentos, encargados al margen del funcionario que planteó las quejas por el servicio, dictaminan que «no parece existir, hasta el momento, derivado del análisis del expediente íntegro por parte de los servicios técnicos, jurídicos, de contratación, de la intervención municipal, ningún dato, incumplimiento grave o situación de alerta que justifique en absoluto la puesta en marcha de ninguna auditoría interna del citado contrato que se escape de la habitual inspección, control y vigilancia de los técnicos municipales responsables del contrato».

Pese a los dos documentos reclamados por el concejal de Desarrollo Urbano, Luis Miguel García Copete, para desmontar la solicitud, los grupos de la oposición votarán en la comisión informativa hoy a favor de la moción elaborada por Ciudadanos, firmada ya por el PP y que la UPL confirmó ayer que apoyaría. El texto, que de esta forma evita la maniobra de los socialistas para dejarla fuera del Pleno municipal de final de mes, insiste en «poner en marcha una auditoría interna del citado contrato, una auditoría continua y pública, que ha de ser permanentemente apoyada y evaluada por una comisión de seguimiento constituida por un representante de cada una de las fuerzas políticas con representación en este municipio».

El órgano, según se recoge en la documento promovido por Ciudadanos, «ha de servir de apoyo a los técnicos auditores del contrato, en la literalidad de los pliegos, los contratos y de las ofertas de la UTE adjudicataria», formada por OHL, Ingesán y Fermasa. «Se trata de crear un frente común ante la empresa concesionaria para poder apoyar a nuestros técnicos y al Ayuntamiento en la gestión y resoluciones de todas aquellas sanciones y descuentos resultado de la no aplicación de las condiciones pactadas contractualmente», proponen los grupos de la oposición municipal.

La moción, apoyada en los datos de consumos, ahorros y la auditoría que se usó como base del concurso de adjudicación, insiste en que «cuanto más baja es la intensidad de corriente, y en consecuencia el consumo, más se abarata el coste de la prestación, pero sin embargo a consecuencia de ello, tal y como señala el técnico de contrato en su informe de 4 de enero, a menor intensidad, menor es el grado de iluminación a nivel de suelo obtenido». «Mientras el concesionario lleva a cabo estas maniobras de contrato en su beneficio, incidiendo a la baja sobre los estándares de calidad del alumbrado, los leoneses están pagando religiosamente las facturas mensuales de los servicios prestados bajo este contrato», se reseña.

Frente a esta tesis, el informe del coordinador de Fomento y Hábitat Urbana reseña que «se ha dado audiencia a la empresa contratista conforme a lo que marca la vigente Ley de Contratos sin que, hasta el momento, se hayan concluido, avalado por informes posteriores de los mismos redactores de los técnicos que originan la reclamación, incumplimientos del contratista». Más allá de este apunte, recalca que «se han cambiado el 100% de las luminarias led con la potencia (mayor en todos casos) que la normativa permite y solo la interdistancia preexistente, en un número no significativo de calles y zonas parciales, es la causa de que alguno de esos parámetros no se cumpla». Como solución, avisa de que «esas carencias han de ser resueltas por el Ayuntamiento», que ya ha ampliado «puntos de luz en esas zonas». «De forma responsable esos ahorros energéticos nos son obligados, logrando conjuntamente una menor contaminación lumínica, como nos es recordado en el Real Decreto 14/2022 para las Administraciones Públicas», se apunta.

El segundo informe, elaborado desde el área de Contratación, insiste en que «no se considera necesaria la puesta en marcha de una auditoría interna del citado contrato, continua y pública y, apoyada por cada una de las fuerzas políticas, puesto que éstas no son consideradas como apoyo de los servicios técnicos». A su juicio, frente a la petición de la oposición, ya se establecen «en el pliego de cláusulas administrativas particulares rector de la contratación, mecanismos suficientes de control de la ejecución del contrato de los que se da cuenta al órgano de contratación que es el Pleno».