La oposición fuerza la auditoría del escándalo del alumbrado
El PSOE no logra con su voto en contra parar el frente de Cs, PP y UPL
Mariano Andrés fue una de las calles medidas. MARCIANO PÉREZ
Ni los informes de dos técnicos, ni su voto en contra. El frente opositor, promovido por la moción de Cs y secundado por el PP y la UPL, hizo insuficientes ayer las maniobras del PSOE para frenar la auditoría interna reclamada para analizar lo que consideran el escándalo del alumbrado. En minoría, el equipo de gobierno de José Antonio Diez deberá plegarse al final a constituir este grupo de inspección.
La auditoría la alientan los informes del jefe de sección de Gestión Energética que, con los resultados de las mediaciones en un conjunto de calles y los datos de consumo, sentencian que «los niveles de luminosidad de la ciudad son un 38% inferiores a los auditados y mínimos precisos», además de que hay vías con «un 50% menos del valor mínimo reglamentario». Este punto de partida del funcionario de referencia del contrato, que ha terminado por abandonar el consistorio para volver a su plaza en la delegación territorial de la Junta, hace que en la moción se exija «una auditoría continua y pública, que ha de ser permanentemente apoyada y evaluada por una comisión de seguimiento constituida por un representante de cada una de las fuerzas políticas con representación en este municipio».
La comisión, como se reseña en el texto aprobado y que se ratificará en el Pleno de finales de esta semana, «ha de servir de apoyo a los técnicos auditores del contrato, en la literalidad de los pliegos, los contratos y de las ofertas de la UTE adjudicataria», formada por OHL, Ingesán y Fermasa, que ingresa más de dos millones de euros anuales, con un compromiso total de 10 años, en los que entra la amortización del cambio de las luminarias a tecnología led , el consumo y el mantenimiento de las instalaciones.
Pese a que los encargados por el PSOE a dos técnicos coincidían en que no era necesario porque «no hay ningún dato, incumplimiento grave o situación de alerta», la moción insiste en que «se trata de crear un frente común ante la empresa concesionaria para poder apoyar a los técnicos y al Ayuntamiento en la gestión y resoluciones de todas aquellas sanciones y descuentos resultado de la no aplicación de las condiciones pactadas contractualmente». Ahora, queda que se ponga en funcionamiento.