Casi 170.000 leoneses, pendientes de un pacto de rentas que no les libra del empobrecimiento

El factor salarial será decisivo en el impacto que la recesión provocada por la guerra de Ucrania y la escalada de la inflación tengan en la economía. Y también decisivo en el mantenimiento del empleo , que de momento es el único parámetro que, pese a la ralentización del crecimiento, sigue ofreciendo datos positivos. Es el mensaje que se transmite desde las instituciones económicas a las puertas de un otoño que se anuncia caliente desde los sindicatos y las patronales, aunque de momento se observa sobre todo resignado desde el punto de vista ciudadano.

Los ingresos de casi 170.000 leoneses dependen de un salario por cuenta ajena, 30.516 de ellos son empleados públicos . Todos ellos viven pendientes de una actualización de sueldos que tienen claro que no llegará a saldar la pérdida de poder adquisitivo acumulada por la inflación disparada (sobre todo en León), pero que confían en que respete la pretensión del pacto de rentas planteado por el Gobierno para repartir el coste de la crisis mundial entre empresarios y trabajadores.

Los empleados públicos comenzaron ayer una negociación cuyas cifras se alejan ya de partida de los incrementos de la empresa privada. A todos ellos se suman los pensionistas, 139.664 en la provincia según la última cifra, de esta misma semana, del Ministerio de Seguridad Social. A ellos el Gobierno les ha comprometido la actualización que garantice su capacidad adquisitiva.

Un pulso en la calle

La revisión salarial de los 30.516 empleados públicos de la provincia (al último dato actualizado, el pasado mes de enero) comenzó a negociarse ayer, después de la manifestación del fin de semana en Madrid. Con una oferta del Gobierno, que tiene que incluir la subida en los Presupuestos Generales del Estado que ya debían estar casi presentados, del 3,5% para el próximo año. Desde la Central Sindical e Independiente de Funcionarios (Csif) de León Hipólito Riesco califica la propuesta de «escasa y manifiestamente mejorable. No alcanza el incremento de la inflación, que rondará el 10%, ni es una propuesta plurianual, como esperábamos».

Los empleados públicos reclaman además una revisión con carácter retroactivo, desde el 1 de enero de este año, que libre a las nóminas de los empleados públicos del aumento de la inflación. «En Francia se ha aprobado esta medida, aplicándola desde el 1 de julio. Nosotros reclamamos que sea desde el 1 de enero».

Del total de empleados públicos en León 7.569 pertenecen a la Administración estatal (incluye Correos, Policía, Guardia Civil y Ejército); 14.511 a la Junta; 6.963 son de las administraciones locales y 1.473 de la Universidad de León.

Riesco recuerda que los empleados públicos acumulan una pérdida de poder adquisitivo desde 2010 que calculan en más del 20%. «La propuesta del ministerio nos sabe a poco. O a nada». Y, respecto a las diferencias de incrementos salariales con el sector privado, recuerda que «históricamente se demuestra que un incremento de sueldos en el empleo público sirve de acicate para los convenios colectivos».

Desde el Csif recuerdan que la vicepresidenta Yolanda Diaz «animó a los sindicatos a que se movilizaran para que la patronal llegase a un acuerdo sobre los convenios en las empresas privadas. Ahora el Gobierno tiene que encargarse de satisfacer las demandas del sector público. Pedimos una subida generalizada, para paliar el empobrecimiento generalizado».

El sector privado

En la empresa privada las cosas se ven de manera bien distinta. De momento los convenios colectivos que se han firmado hasta ahora en la provincia suman un incremento medio del 2% en los salarios, frente al 2,6% de media en España pero por encima del 1,68% de Castilla y León. Aunque Enrique Suárez, secretario general adjunto de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), reconoce que este año «está siendo especialmente difícil llegar a acuerdos con la parte social».

Y el principal escollo son «las cláusulas de salvaguarda». Los apartados de garantía salarial que ligan el aumento al incremento de los precios, y que se habían abandonado en buena parte de los convenios en la última década (con una inflación a la baja). «Los sindicatos pretenden equiparar el incremento salarial al IPC, pero eso sería una temeridad por nuestra parte. No estamos en una fase de crecimiento como para asumir esa gran diferencia».

La patronal asegura estar dispuesta a «aceptar un incremento salarial en las mesas de negociación. En un rango desde el 2,5% de este año al 3% en 2023 y el 3,5% en 2024». Y advierte de la «caída importantísima de la actividad, tanto del consumo interno como de la producción industrial. Todas las previsiones económicas se están desplomando, a excepción del empleo. Y ese es el factor que queremos conservar. Trasladar la inflación a los salarios tendría el efecto pernicioso no sólo de no seguir creando empleo, sino de destruir el existente».

80.000 trabajadores

En la provincia están sujetos a las condiciones de los convenios colectivos (luego hay que añadir los de empresa) alrededor de 80.000 trabajadores. 55.000 de ellos dependen de los convenios provinciales, que firman la Fele y los sindicatos locales. Actualmente tienen pendiente de negociar sus condiciones (sin actualizar, no decaído) más de 23.000 asalariados de más de 8.500 empresas.

Con cláusulas de revisión salarial están actualmente en vigor dos de los más importantes, los de siderometalurgia y construcción. «Aunque la revisión no tiene efecto retroactivo, los acuerdos permiten posponer los efectos».

Desde la patronal insisten en que «es inviable trasladar a los salarios el incremento de la inflación. Las empresas, sobre todo micropymes, no lo soportarían; y las instituciones advierten continuamente de que es un peligro para el conjunto de la economía y sobre todo para el empleo. Por eso lo que estamos haciendo al no ceder a estas presiones es un ejercicio de responsabilidad».

De momento los sindicatos mayoritarios han anunciado movilizaciones que comenzarán la próxima semana, a partir del día 7, con concentraciones ante las patronales. Y una manifestación en Madrid el 3 de noviembre. Pretenden que la Ceoe vuelva a sentarse en la mesa para el Acuerdo sobre el Empleo y la Negociación Colectiva.