La incomparecencia de un abogado deja sin juicio a casi cien estudiantes

Alrededor de un centenar de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de León y del Centro de Formación Profesional Centec se han quedado con un palmo de narices tras la suspensión de l avista oral programada para esta mañana en la Audiencia Provincial, donde se había señalado un juicio por extorsión.

El letrado defensor había remitido un escrito a la sala para solicitar el aplazamiento, por coincidencia con otro juicio en la Audiencia Nacional. El presidente de la Sección Tercera de la Audiencia, Manuel Ángel Peñín, ha determinado a instancias de la fiscal la suspensión de la vista para no incurrir en una posible indefensión del procesado. La vista se señalará en fecha por determinar y el letrado será sancionado previsiblemente, puesto que el señalamiento de la Audiencia Provincial era previo al de la Audiencia Nacional.

La causa en cuestión era un presunto delito de extorsión por el que el Ministerio Fiscal solicita una pena de dos años y medio de prisión.

Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, sobre las 11,00 horas del día de septiembre de 2.017, el acusado, mayor de edad y con la intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito, se dirigió de forma intimidatoria a la víctima cuando se encontraba en el párking y le exigió la devolución del dinero que consideraba que le adeudaba por una deuda cuya procedencia no ha podido ser determinada, pero de clara dudosa legalidad, tras lo cual ambos se trasladaron en el vehículo hasta una localidad  donde le obligó a firma un contrato de compraventa del citado vehículo a favor del acusado, quedándose con él bajo el pretexto de que si no le devolvía los 11.000 euros, que consideraba que le adeudaba, lo vendería para hacerse pago con el mismo, por lo que la víctima firmó ante el temor causado de que le causara algún mal, ya que llevaba tiempo sufriendo dicha presión y fueron amenazados él y su familia, si no le devolvía el dinero que le debía durante todo el año anterior. El vehículo fue recuperado en poder del acusado y devuelto al propietario. 

En fecha de septiembre de 2017 se impuso al acusado la prohibición de aproximarse a la víctima a una distancia inferior a 500 metros, en cualquier lugar en el que se encuentre, su domicilio y lugar de trabajo, así como la prohibición de comunicación con él por cualquier medio oral, escrito, informático, gestual, etc.

El fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de extorsión por el que procede  imponer al acusado pena de 2 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. También indemnizará a la víctima en la cantidad de 3.000 euros por daños morales. Para la vista oral se proponen una serie de medios de prueba que pasarán básicamente por el interrogatorio de los testigos que presenciaron los hechos ey que pueden venir a corroborar la versión que plantea el Ministerio Público.

A criterio de la defensa, el relato de lo ocurrido no se corresponde con la realidad de los hecho y desde su punto de vista no se ha producido ningún tipo de   delito por lo que procede la libre absolución del acusado, que no debería de hacer frente a ningún tipo de delito teniendo en cuenta los antecedentes que corresponden a esta causa y lo ocurrido en el desarrollo de los hechos,  En cualquier caso, la última palabra corresponderá a los magistrados de las Sección Tercera de la Audiencia. Por de pronto, tienen que señalar nueva fecha.