Primeras reclamaciones en León por la ciberestafa a los clientes de Unicaja

Las víctimas leonesas de la ciberestafa masiva que desde la pasada primavera han visto cómo el dinero desaparecía de sus cuentas de Unicaja Banco y Liberbank durante el proceso de integración comienzan a acudir a los juzgados para reclamar las cantidades sustraídas por varias bandas de ciberdelincuentes. Sin datos concretos de estafados o cantidades sustraídas, las asociaciones de afectados hablan de centenares de afectados y transferencias que van desde los 200 a los 30.000 euros en cada robo, más en algunos casos. La justicia está dando la razón a los clientes, y les permite recuperar lo perdido aunque, como víctimas de la estafa, dieran sus datos personales a quien creían que era su banco.

Durante la fusión de Unicaja y Liberbank se produjo una importante brecha de seguridad en su banca online , que permitió el acceso de los delincuentes a centenares de cuentas de sus clientes. Un fallo que se vio agravado por el hecho de que durante el período de fusión desaparecieron o se ampliaron automáticamente los límites establecidos para las transferencias, lo que amplió el volumen de lo defraudado. De hecho se llegaron a autorizar transferencias inmediatas por hasta 40.000 euros en cuentas que antes tenían límites mucho más bajos, según denuncian las plataformas de afectados que se han constituido para informar a las víctimas e impulsar las reclamaciones judiciales que les permitan recuperar sus ahorros.

Sentencias

Hasta el momento las sentencias que se han dictado en varios puntos del país, ratificadas ya por audiencias provinciales, responden a la jurisprudencia que respalda a las víctimas porque la responsabilidad de verificar las operaciones recae en las entidades financieras. En todo caso, las víctimas tienen que seguir un procedimiento que, más allá de la comunicación al banco y la Policía Nacional, pasa por presentar una demanda argumentada correctamente por un despacho de abogados especializado.

En León se están presentando ya las primeras demandas para reclamar el dinero sustraído a los clientes locales (los herederos de la antigua Caja España); según explican desde Serrano Abogados, que se ha especializado en reclamaciones bancarias desde sus inicios como pioneros dentro de las denuncias por las participaciones preferentes de las antiguas cajas de ahorro. Y que recuerda que las principales sentencias de las audiencias provinciales sobre phising desde hace casi una década se decantan por la protección de los clientes.

El Real Decreto Ley de Servicios de Pago recuerda que la normativa europea tiene como objetivo generar un entorno seguro y fiable para los usuarios frente a las innovaciones tecnológicas , y establece la responsabilidad cuasi-objetiva de las entidades. A los usuarios les exige tomar medidas razonables para proteger sus credenciales de seguridad y notificar sin demora pérdidas o incidencias. Pero el banco debe asegurar una autentificación reforzada para validar las operaciones, y disponer de los mecanismos que detecten operaciones de pago no autorizadas realmente o fraudulentas.

En el caso de los ataques a las cuentas de Unicaja Banco (y Liberbank) se suplantó la identidad del banco. Las víctimas recibían un SMS que no les resultaba sospechoso porque se incluía en el hilo de mensajes con los que gestionaban sus operaciones con la entidad. A pesar de que desde Unicaja periódicamente se advertía de que nunca les solicitan datos por SMS, teléfono o mail, y que ignoren y eliminen comunicaciones dudosas, los expertos reconocen que los enlaces en los que se comunicaban accesos no autorizados a las cuentas online conducían a páginas de gran similitud con las reales.

A menudo, según se fue perfeccionando la estafa, recibían también llamadas desde un teléfono con prefijos como los de Atención al Cliente, por lo que terminaban dando los datos que permitieron a los ciberdelincuentes acceder a las cuentas y desvalijarlas.

Las sentencias publicadas hasta ahora inciden en que la entidad tiene que implementar las medidas suficientes para evitar fraudes, incluida la suplantación de identidad. Porque el cliente, como consumidor, debe gozar de una protección reforzada. En todo caso, «corresponde a la entidad financiera la carga de acreditar que el sistema utilizado es completamente seguro».