Operación Púnica. Los acusados piden no declarar hasta conocer las pruebas

Los acusados por la pieza separada de la Operación Púnica correspondiente a la parte leonesa de la trama exigieron durante las cuestiones previas al juicio no declarar ni ser interrogados hasta que no se conozca el contenido de nuevos informes policiales, que se incorporan al procedimiento llegados desde otras piezas de la misma causa correspondientes a otras provincias.

Los abogados han planteado la posibilidad de que esta decisión cause indefensión y han lamentado los perjuicios que supone para sus clientes el retraso en la instrucción, que ha sumado ocho años desde las primeras detenciones.

La primera sesión del juicio,, que durará hasta el 1 de diciembre, sirvió para dar lectura a los cargos a los que deberán hacer frente los seis acusados de la rama leonesa en diferentes cuantías a penas de prisión por malversación, falsedad documental, fraude, tráfico de influencias, cohecho. Para el expresidente de la Diputación, Marcos Martínez Barazón, el Ministerio Fiscal propone penas de ocho años de prisión, siete para Pedro Vicente Sánchez, diputado provincial, Jesús López, interventor entonces de la Diputación, cinco y medio para Alejandro De Pedro, conseguidor, lo mismo para José Antonio Alonso Conesa, exalcalde socialista de Cartagena y Guadalupe Carrascosa, empleada de la empresa Madiva.

Se les acusa de urdir una trama para mejorar la imagen política de Barazón a cambio de noticias favorables a él en periódicos zombies de Internet, que solo publicaban relatos favorables a su gestión. A cambio, se gestionaba de forma supuestamente fraudulenta la explotación de infraestructuras de hostelería de la estación de San Isidro por valor de 90.000 euros. El pacto táctico incluía contactos al más alto nivel político para favorecer la elección de Martínez Barazón como presidente provincial del PP en León y candidato a la presidencia de la Diputación por el grupo conservador.

La fiscal Carmen García-Cerdá (que forma tándem junto a María Teresa Gálvez) justificó el retraso en la celebración del juicio bajo el argumento de la reiteración de recursos: "Esta pieza procede de la investigación a Eico y Madiva y ha sido una de las piezas en las que más recursos se han interpuesto, en paralelo curiosamente y de forma muy llamativa con las piezas 3 (Murcia) y 10 (Ayuntamientos varios de la Comunidad de Madrid)". La fiscal tiene la sensación esta mañana de que las defensas "no quieren que lleguemos a entrar en el juicio". Habrá pruebas periciales suficientes "para determinar si eran trabajos de publicidad o de reputación", advirtió la representante del Ministerio Público.

Las primeras intervenciones de las defensas refieren la apreciación de dilaciones indebidas muy cualificadas que según el letrado de Alejandro de Pedro "podrían ocasionar la nulidad del procedimiento". Cuanto menos "se ha causado un daño importantísimo a nuestros representados". Las fiscales lo han achacado "a la ingente cantidad de recursos que han presentado los procesados". Lo dijo García-Cerdá, que ha tomado la palabra la mayoría de las veces. "Ha habido que expurgar mucho material informático para preservar la intimidad de las personas. Había equipos en los que existían contenidos personales que pertenecían a la intimidad que no había por qué dar a conocer a la partes, porque eran cuestiones ajenas a la causa".

También sostienen que la modificación de los pliegos "no causó daño alguno a la administración provincial" para lo cual han presentado numerosa jurisprudencia. De Pedro solicita declarar después de que se haya practicado la prueba por la acusación.

Natalia Escanciano, la abogada de Marcos Martínez Barazón ha lamentado la vulneración de derechos que ha sufrido durante la instrucción el expresidente de la Diputación y no comprende "por qué se habla de nexo de unión común entre las piezas de León y Murcia", que en lo tocante a cargos políticos, se saldó con la absolución de todos ellos en la Comunidad de Murcia.

Pese a que la acusación popular renuncia a su testimonio, la letrada rechazó que se permita excusar de prestar su versión a los exconcejales Agustín Rajoy y Ricardo Gavilanes. También se ha dado cuenta de que no se localizaba a José Antonio Álvarez Canal para ser citado como testigo. Solventado el problema, por un error en su número del DNI, será llamado en su momento. También se rechaza que Miguel Ángel del Egido, entonces diputado de Turismo y Henar Bardón, secretaria de la Diputación, sean excusados de declarar en calidad de testigos.

La representación de Pedro V. Sánchez también ha expresado que en el auto de transformación del procedimiento en abreviado se recogen facturas de Gersul "que no deberían de ser objeto del procedimiento". Se suma a la propuesta de que el diputado y alcalde de Puebla de Lillo retrase su declaración hasta después de que se hayan practicado las pruebas de la acusación.

El abogado ha recalcado que hay prueba documental de que Sánchez se había negado a recepcionar determinadas obras de la Diputación en la estación de San Isidro "con lo que difícilmente podía ser la mano derecha de la presidenta", como quieren hacer ver las fiscales.

Juan Carlos Zataraín, representante de Jesús López en el procedimiento, se ha adherido a la práctica totalidad de las cuestiones planteadas por sus compañeros.