Operación Púnica: el Servicio de Contratación de la Diputación nunca facturó servicios de reputación

Jesús Eduardo Gutiérrez, Francisco Javier Vieira y María Fernanda García, los tres magistrados que juzgan desde el pasado 10 de noviembre la pieza leonesa de la Operación Púnica, anunciarán en las próximas horas se el cronograma del juicio contempla sesiones para este lunes y mañana martes pero suspenderán la vista previsiblemente hasta el próximo día 12 de enero, de acuerdo a las estimaciones que se dejaron entrever en la última sesión.

Así las cosas, parece poco probable que los acusados presten testimonio antes de que llegue 2023. Se supone que según el orden que se ha establecido opara las defensas, comparecería primero Alejandro de Pedro, el conseguidor. Le seguiría José Antonio Alonso Conesa, exalcalde socialista de Cartagena que sin embargo se había brindado a asesorar a Marcos Martínez Barazón, presidente de la Diputación Provincial, para hacerse con la presidencia del PP en León.

A continuación sería el turno de Pedro Vicente Sánchez, diputado de confianza de Barazón y finalmente Jesús López, interventor de la Diputación, para cerrar el cupo de investigados con el interrogatorio de Guadalupe Carrascosa, empleada de una de las empresas de Alejandro de Pedro con las que se insertaban los banners publicitarios en periódicos digitales zombies para justificar el pago de las labores de asesoramiento que realmente daban base a la supuesta trama, detrás de la cual había concesiones supuestamente amañadas para la explotación de las cafeterías de la estación invernal de San Isidro y las labores de remodelación de la estación de esquí.

Los acusados, en una estrategia insólita y apenas vista en otros juicio, declararán en el cierre de la vista oral. Lo hacen amparados en el derecho a saber de qué deben defenderse, puesto que ya iniciada la vista, se incorporó a la causa nueva prueba documental que los letrados no habían podido examinar. Para eso se decretó el primer parón en las actividades ya en noviembre. El segundo fue por la imposibilidad de coordinar las agendas de los abogados defensores con las nuevas fechas propuestas para la reanudación. Si ahora hay un tercer stop, la fecha de la finalización de la vista oral se antoja verdaderamente imprevisible. Y a todo ello habrá que sumar a continuación el tiempo que se pueda tardar la sala en redactar la sentencia.

Las preguntas en torno al nivel de participación de Pedro Vicente Sánchez en los procedimientos de contratación han centrado buena parte del inicio de la sesión matinal. Ricardo Martínez, jefe del Servicio de Contratación de la Diputación Provincial, ha descartado que hubiera participación directa de Pedro Vicente Sánchez en los fraccionamientos de los contratos.

"Está pretendiendo que el testigo dé la opinión que a usted le interesa sobre hechos en los que no ha participado", protestó el magistrado ponente ante las preguntas de Carmen García-Cerdá, una de las fiscales de la causa. Las incidencias técnicas han marcado el desarrollo de buena parte de la sesión matinal.

"Las propuestas se recibían en el servicio de contratación de patrimonio", explicó Martínez. "Nosotros nunca tramitamos nada de Madiva ni de Eico". Insistió de nuevo: "Nunca vi ninguna oferta de esas características referentes a trabajos de reputación". Según el testigo se puede contratar "asuntos de interés general relacionado con la Diputación. Otras cosas no deberían de contratarse". 

Tras las actuaciones policiales "Pedro Vicente me pidió los expedientes pero no me dijo para qué", aseguró. "No tuve tampoco constancia de expedientes de dinamización de las pistas de San Isidro", finalizó tajante.

 

José Antonio Álvarez Canal es el siguiente testigo propuesto para hoy. Se le ha citado en calidad de responsable de Ecit. "Yo tenía mii propia línea de presupuesto para las campañas de Productos de León". Tenía "una consignación considerable de cerca de 300.000 euros". 

"Tenía mucho contacto con Pedro Vicente por las obligaciones laborales, pero ahora mismo puedo asegurar que a mí nadie me ha pedido ningún logotipo ni nada por el estilo. Cuando yo necesitaba publicitar algo, me dirigía a prensa".

Negó Álvarez Canal que estampase su firma en contratos promocionales en el año 2013 "porque estaba de baja" y explicó por qué había logotipos de sus promociones en periódicos digitales de Valladolid y Salamanca "porque se estaba dilucidando si Productos de León pasaba a ser de promoción territorial tras un acuerdo con Silvia Clemente para hacer promoción con Tierras de Sabor por orden de Isabel Carrasco".

Marta Amparo Núñez era responsable de la parte administrativa del ILC en aquellos tiempos. "No recuerdo que nadie me consultara para incluir el logotipo del Instituto Leonés de Cultura en los banners. Nosotros tenemos un logo único para todos los asuntos que subvencionamos". La publicidad la hacen "a veces también los medios de comunicación. Otras veces la contratamos".

José Antonio Velasco era diputado en los años en cuestión y era responsable de Gersul como presidente. "Vi un listado de sociedades con unos precios. Me la presentó Secundino Prieto pero no tuve nada que ver con ella. Las cuantías que se repartían para los medios no las decidía yo, nunca intervine para nada. Nos venía hecho por la presidenta". La fiscal Teresa Gálvez le hizo ver que en aquella época ya era Barazón el máximo responsable: "No recuerdo que Pedro Vicente nos llamara para decir que había que agilizar los pagos de las cantidades".

"No conocí nada de las facturas de Madiva por el reciclaje. Hasta la detención del presidente no tenía ni idea de que esos medios figuraban ahí. Tampoco recuerdo la duración de las campañas, porque no intervine en ellas ni en nada de eso. Yo creo que eran campañas de más de un día. Gersul no pagó nunca nada, todo era Ecoembes".