San Andrés aprueba 360.000 euros del déficit tarifario del agua de dos años

Aunque se han escrito ríos de tinta y trajo de cabeza a la Corporación de San Andrés de 2010, la renovación del contrato del agua en el municipio sellado hace 22 años adquirió hoy de nuevo una enorme presencia en el plenario al traer el equipo de gobierno dos facturas que suman 360.000 euros por el déficit tarifario del agua y el alcantarillado de 2020 y 2021.

El pago quedó aprobado con los votos socialistas y de la no adscrita, el voto negativo de IU y Vox y la abstención de PP, UPL y Cs. Pero abrió un debate sobre la "hipoteca" que supone ese contrato para las arcas municipales, que asumen esa diferencia para no repercutirla en los recibos de los vecinos, que ya abonan el mayor precio por ese bien esencial de la provincia, según destacaron.

IU reveló para sorpresa de la propia alcaldesa, Camino Cabañas, que su partido, ariete contra las posibles irregularidades de aquel contrato que llevó a Fiscalía, ha desistido del proceso. Y lo hizo cuando dimitió la exalcaldesa María Eugenia Gancedo, "porque en el juzgado solo podíamos conseguir la inhabilitación de la regidora y se marchó ella misma", señaló la concejala Laura Fernández.

La portavoz del PP, Noelia Álvarez, advirtió que para el próximo año la diferencia a pagar a la empresa superará el medio millón en una escalada que acabará estallando en los bolsillos de los vecinos "el día que el Ayuntamiento no pueda pagarlo".

Cabañas se mantuvo neutral asegurando "que pensemos lo que pensemos del contrato es legal y hay que pagar", a lo que su concejal de Hacienda, Benjamín Fernández, matizó que "de lo contrario a la concesionaria solo le queda la vía judicial y saldría más caro al tener que pagar intereses".

Lo cierto es que las posibles dudas sobre la ampliación del contrato y su reajuste económico quedaron archivadas en los tribunales.

UPL recordó que de 2010 a 2016 la empresa ya fue al juzgado para que se le abonará lo acordado, lo ganó "y hubo que pagar 1,5 millones de intereses".

Cs coincidió con el resto de partidos en que en realidad esas diferencias ya las pagan los vecinos vía impuestos.

El pleno aprobó de forma inicial además tres ordenanzas, la medioambiental, de vallado y limpieza de solares y la de huertos sociales, que, según anunció el concejal de Urbanismo, Manuel Fernández, se inaugurarán "si no se produce un cataclismo meteorológico el 11 de enero". En mociones, el PP no logró refrendo para que se adopten medidas sobre el déficit de especialistas de medicina familiar y Vox sí para el acompañamiento de mayores en Navidades, aunque la edil del área, Liliana Izquierdo, matizó que  la veía "sesgada" porque ese acompañamiento no solo debe producirse en Navidades y porque precisó que los Servicios Sociales ya acometen muchas medidas que pide la moción