El PSOE de Valverde reta a la Junta a mejorar el transporte de León y su alfoz
González Córdoba ve «urgente» un cambio radical en el modelo de movilidad actual
Tras la entrada en vigor el pasado 1 de enero del plazo para el establecimiento de las zonas de bajas emisiones en las localidades de más de 50.000 habitantes, dictado por la Unión Europea, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, Juan Manuel González Córdoba, ve «imprescindible y urgente» un cambio radical en el modelo de movilidad y transporte público entre el alfoz y la capital leonesa. «Recordamos que todo el casco urbano del Ayuntamiento de León va a ser tratado como Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Esta catalogación implica necesariamente una transformación del parque automovilístico y una reducción del tráfico durante los próximos 7 años. Y esto, con el actual esquema de transporte público, será muy difícil o imposible de asumir para muchos de los habitantes del alfoz que se desplazan a diario a la ciudad para realizar su trabajo y demás actividades diarias», explica González, quien pide a la Junta que modifique no solo las rutas y las frecuencias, sino que modernice todo el modelo de movilidad y transporte público. «El Gobierno autonómico tiene que actualizar los mapas de distribución demográfica en los que basan su oferta, incorporando las edades, intereses y circunstancias especiales de la ciudadanía en cada núcleo y los centros productivos y turísticos situados en la periferia para que esta transición sea asumible».iene que actualizar los mapas de distribución demográfica en los que basan su oferta, incorporando tanto las edades, intereses y circunstancias especiales de la ciudadanía en cada núcleo, como los centros productivos y turísticos situados en la periferia. Todo ello es necesario para que esta transición sea asumible en un periodo tan corto», añade el portavoz.
Según Juan Manuel González Córdoba, en el escenario de reducción de la movilidad que se plantea, serán necesarios, además, cambios en las políticas centralizadoras que viene aplicando el Gobierno autonómico para la prestación de los demás servicios públicos.