Diario de León

El Gobierno envía un requerimiento a la Junta para que no aplique ninguna medida "antiabortista" de Vox

El Ejecutivo de Pedro Sánchez asegura que aplicará todos los mecanismos de la ley para impedir que se "restrinjan derechos de las mujeres"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (i), y el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo. NACHO GALLEGO

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (i), y el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo. NACHO GALLEGO

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L. S.
León

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El Gobierno no va a dejar pasar la polémica que han generado las medidas planteadas por Vox en Castilla y León para, según dijo el vicepresidente de la Junta Juan García-Gallardo evitar los abortos a través del latido fetal o de una ecografía en 4D, algo que a los dos días negó el presidente Alfonso Fernández Mañueco. El nuevo protocolo entra en vigor este lunes. 

"Ante el anuncio en rueda de prensa del Gobierno de Castilla y León, tras su consejo de gobierno del 12 de enero, en relación a un protocolo denominado por el propio ejecutivo como ‘antiabortista’, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, ha realizado un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)", informa en un comunicado.

El Gobierno de España "utilizará todos los mecanismos" que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para "defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente", añade.

Asegura que velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan "mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado, ni por parte de administración pública alguna".

Ante esta situación, los ministerios de Sanidad, Política Territorial, Hacienda y Función Pública y Presidencia están en permanente coordinación "para estudiar, establecer y coordinar las medidas pertinentes", subraya..

Estte mismo domingo han enviado un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Castilla y León donde se le solicita:

  • Que se abstenga de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnere o menoscabe lo establecido en la normativa actual que regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo. (Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, el Real Decreto 1825/2010, de 25 de marzo; y la Guía Común del Sistema Nacional de Salud sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Método Farmacológico).
  • Que, en caso de haber sido esta ya adoptada, el cese inmediato de cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir voluntariamente su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término la realización de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico. •
  • También se exige que la realización de pruebas diagnósticas no contravenga el conocimiento científico actual y las recomendaciones recogidas en las guías de salud nacionales e internacionales avaladas por las sociedades científicas. •
  • Además, que se comunique de manera inmediata al Ministerio de Sanidad los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que se pretendan llevar a cabo las actuaciones anunciadas. En caso de que el requerimiento efectuado no sea atendido íntegra e inmediatamente por la Junta de Castilla y León, el Gobierno no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales, a la vista de que las medidas anunciadas por la Junta de Castilla y León pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico. "El Gobierno estudiará si es necesario ejercer otras acciones legales, dado que la aplicación de las medidas anunciadas por parte de la Junta de Castilla y León podrían vulnerar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales y también se extralimitan de las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma", concluye.
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