TRIBUNALES
Operación Púnica. Un perito del Estado ve ilegalidades graves en los contratos
La Diputación pagó 16 informes de reputación de Isabel Carrasco y tres de Marcos Martínez
Los letrados defensores, durante el juicio. AUDIENCIA NACIONAL
Hasta 16 informes de reputación de Isabel Carrasco y tres de Marcos Martínez Barazón pagó la Diputación de León, facturados a favor de Madiva, la empresa de Alejandro de Pedro que se encargaba de mejorar supuestamente la imagen online de los dos últimos presidentes de la Diputación Provincial, a cambio de la presunta promesa de la adjudicación de dos cafeterías de la estación invernal de San Isidro y la consecución de una posición ventajosa en el reparto de publicidad del Palacio de los Guzmanes.
El jefe de la Unidad de Apoyo a la Intervención General de la Administración del Estado aseguró haber detectado numerosas irregularidades. «He visto facturas por servicios de inserción de banners publicitarios. Todo eran contratos menores, no había ninguna licitación», dijo. «Para los contratos menores, la fase de contratación del gasto no se fiscaliza» aseguró. «Pero es necesario un informe para demostrar que se ajusta a la ley. El interventor debe comprobar que el gasto se ha aprobado y que el servicio se ha prestado por el importe adecuado».
El jefe de la Unidad de Apoyo a la Intervención General de la Administración del Estado, en su intervención. AN
Por razón de cuantías «quien se encargaba de controlar eso tenía que ser la presidenta de la Diputación. No hay ningún documento que pruebe ese control. El interventor debería haber formulado reparo, salvo que entienda que por la existencia de un sello del jefe de gabinete ya está supervisado», declaró. El visto bueno en aquella época «lo daba el vicepresidente, Marcos Martínez».
El perito reprobó la práctica de validación que se llevaba a cabo por parte de Pedro V. Sánchez: «esa tarea corresponde a un funcionario de carrera, no puede estar en manos de personal de confianza». Ha explicado la teoría del enriquecimiento injusto: «la administración debe pagar para no provocar un perjuicio al proveedor, pero no se podían aprobar estas facturas por esa vía porque la secretaria de la Diputación certifica los requisitos que debían cumplir los contratos, y no había una providencia previa del diputado donde se ordenara el gasto».
Más dudas
El interventor «debió formular reparo» porque los contratos «no tenían el informe pertinente»
Asesinada la presidenta, la mecánica «siguió siendo la misma», respondió el técnico a una pregunta expresa de la Fiscalía: «La firma entonces correspondía al siguiente presidente, Marcos Martínez Barazón», declaró el perito.
«Había en la documentación dieciséis informes sobre posicionamiento o reputación relacionados con Isabel Carrasco», señaló el perito. «Constan también tres informes sobre Martín Marcos Martínez Barazón. Está claro que las facturas a Madiva pagaban estos informes de reputación».
El perito detalló aspectos de la Ley de Contratos y significó que las facturas «tenían que haber justificado mucho más la razón del gasto». Antes de la factura «hay que prestar el servicio y determinar el objeto del servicio y el importe. También es necesario que se defina si es necesario. Todos esos trámites son previos y ninguno de los proyectos contaba con esa documentación».
«Un procedimiento de urgencia es excepcional, pero no puede durar treinta meses», señaló. Intervino también otro perito, a propuesta de la defensa de Alejandro de Pedro: «San Isidro daba unas pérdidas de tres millones».