El Serla resolvió los conflictos laborales de casi 7.000 trabajadores leoneses solo en 2022
El instrumento que Empleo pretende disolver medió en los desacuerdos de 4.350 empresas y casi 14.000 empleados en la provincia
La Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) resolvió con acuerdo los conflictos laborales que afectaron a 6.646 trabajadores en la provincia sólo el año pasado; y medió en los desencuentros de 13.896 empleados y 4.350 empresas en León. Los seis mediadores del servicio en la provincia trabajaron en el conflicto planteado en 63 expedientes. Un servicio de mediación extrajudicial que ahora pretende eliminar la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, una decisión frente a la que se han posicionado tanto los sindicatos como las organizaciones patronales.
Desde la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), que se encarga de la negociación de los convenios colectivos y gestiona buena parte de estos desencuentros laborales, se advierte de la «muy difícil situación en la que se encuentra en estos momentos la solución de los conflictos», al cuestionar el futuro de un «organismo público que regula las relaciones entre las organizaciones empresariales más significativas, los sindicatos y la administración», explica Enrique Suárez, secretario general adjunto de la Fele.
El consejero de Industria, Mariano Veganzones (Vox), anunció a mediados de enero la disolución de la herramienta de mediación debido a su endeudamiento y a una falta de financiación provocada por la no inclusión en los presupuestos de este año de la Junta de la partida necesaria para mantener activo el organismo. Una decisión de dudosa legalidad, según la patronal leonesa, y que dejaría a Castilla y León como la única autonomía sin el mecanismo de solución extrajudicial de conflictos que exige la propia normativa nacional.
Obligatoria
La existencia de un organismo de mediación está regulada en la legislación nacional
«Los objetivos a cumplir se fijan en la legislación nacional, aunque son las autonomías las que tienen las competencias. El Estatuto de los trabajadores establece la creación de un mecanismo de solución extrajudicial de conflictos laborales para evitar por una parte el aumento de la judicialización de los casos y por otra frenar la conflictividad».
La legislación nacional establece que en la negociación colectiva las partes deben someterse a acuerdos interprofesionales, que regulan este tipo de organismos. «Si Castilla y León elimina el Serla la Junta podría incumplir la legislación estatal básica».
Respecto a la propuesta de que sean las oficinas territoriales de Empleo las que asuman esta función, la organización empresarial señala que «puede ser compatible con algunas actividades del Serla, pero no en todas. Hay serias dudas de constitucionalidad en que pueda actuar como mediador. No cuestionamos la eficiencia de los trabajadores, pero someter los conflictos a quien tiene la capacidad de sancionar no es adecuado. No se puede ser juez y parte».
Por eso el Serla cuenta con un equipo (en León de seis juristas) especializados en relaciones laborales, y que no tienen interés en los conflictos que se plantean. Para otro tipo de conflictos, en los que la administración sí tiene algo que aportar, existen instrumentos como la Fundación Anclaje.