Patrimonio exige al Ayuntamiento que aclare el derribo de La Rúa antes de sancionarle

Las fachadas protegidas de los números 16, 18 y 20 de la calle La Rúa, en pleno Camino de Santiago, ya no existen . Sólo queda una valla de protección, el esqueleto metálico de los arriostramientos que las amparaban y una grieta que fractura el adoquinado en medio de la calle como si fuera a partirla en dos. No queda más recuerdo de las edificaciones, que se derribaron entre los días 1 y 2 de este mes con la justificación de que habían empezado a caer cascotes sobre la vía, después de que avanzara la excavación interior que descarnó los cimientos. No hay obstáculo ya.

Pero la actuación, ejecutada sin dar trámite a Patrimonio, aboca ahora al Ayuntamiento de León a un expediente sancionador. Con la amenaza de una multa económica, el consistorio cuenta con un mes para argumentar las alegaciones que motiven por qué no comunicó la decisión antes de saltarse la protección patrimonial.

La notificación de la apertura del expediente se envió a finales de esta pasada semana desde la delegación territorial de la Junta, con acuse de recibo tanto al Ayuntamiento de León como a la constructora Lino Casquero. En el documento se exige que se identifique cómo sucedieron los hechos y quién dio el permiso con el fin de fijar la responsabilidad, aunque en Patrimonio ya se tiene constancia de que el derribo se hizo con el conocimiento de los servicios técnicos municipales y la responsabilidad recae en el consistorio.

Pero, como explicaron desde la administración autonómica, el Ayuntamiento no tiene potestad para autorizar sin más un derribo de estas características. Las fachadas, dentro del itinerario del Camino de Santiago, necesitan un permiso de la Comisión de Patrimonio, incluso «en los casos de riesgo para las personas». En estos supuestos, el reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de la comunidad, artículo 88.4, prescribe que «el órgano competente para la declaración de ruina deberá comunicar inmediatamente la situación a la Delegada Territorial», como señalan desde la Junta, antes de advertir de que el consistorio, en quien recae esta competencia, no se puso en contacto ni el mismo día de la demolición ni los posteriores.

En ausencia de esta comunicación, el informe inicial de los técnicos de Patrimonio, abierto a instancias de las noticias del derribo de las fachadas difundidas por los medios, reseña que los inmuebles de calle La Rúa número 20 y 18 tenían asignado «un grado de protección IV-A», mientras que la casa del portal identificado con el 16 contaba con «un grado de protección III, de acuerdo al Plan Especial de Ordenación, Mejora y Protección de la Ciudad Antigua de León».

La identificación se completa con la referencia al acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio, del 21 de diciembre de 2021, en la que se acordó «autorizar el hincado de raíles en el marco de las obras de ejecución del segundo sótano del edificio», además de que se avisa de que «en esta sesión, además», se acordó «dejar pendiente de informe el proyecto de restitución de edificios para la construcción de 30 viviendas, locales y garajes, hasta conocer los resultados de la intervención arqueológica autorizada en estos tres solares».

Hubo otro acuerdo más de la comisión, el 25 de octubre de 2022, por el que se permitía «autorizar la ejecución de los muros perimetrales previstos en el proyecto de construcción con una serie de cautelas para la preservación de posibles restos arqueológicos ». Pero en ningún caso se permitía la demolición de las fachadas que dio de paso el Ayuntamiento, sin conocimiento de Patrimonio.