Operación Púnica: la abogada de Marcos Martínez pide que lo juzguen "con ojos de niño"

La abogada defensora de Marcos Martínez Barazón ha solicitado la absolución del expresidente de la Diputación Provincial de León por entender que no se ha acreditado ninguna de las acusaciones que pesan sobre él en la pieza leonesa de la Operación Púnica.

Natalia Escanciano ha destacado en su turno de conclusiones, con el que teóricamente se cierra el juicio, que la carpeta de expurgo de llamadas que se manejó en la instrucción no es la misma que se ha presentado en el juicio. "Esto nos genera una evidente indefensión". Se trata del contenido de las llamadas investigadas por la Guardia Civil con los teléfonos pinchados.

Comparó el caso con el del protagonista del cuento 'El traje nuevo del emperador'. "En aquel cuento se hablaba de tres maleantes que habían vendido una tela inexistente a un emperador, que hasta que la inocencia de un niño reveló la realidad, iba desnudo porque no existía tal tela y lo ignoraba. Así Marcos ha sido objeto de una novela de intriga y de política de la que se nos ha hecho partícipes".

Todo "con ataques constantes a una persona muerta (Isabel Carrasco) que no ha podido defenderse. Ni ha venido al juicio, ni está, ni se la espera", dijo la letrada. "En el escrito de acusación inicial se le dedican 34 folios, cuando es una persona que no ha despuesto en el plenario", aseguró. Invitó a la sala a mirar a Barazón "con ojos de niño" para que comprueben "su desnudez" a la hora de juzgarlo.

El primer causante de todo esto, según la letrada, ha sido la Unidad Central Operativa con su investigación. "Yo tenía sensaciones", aseguró Escanciano que había dicho uno de los principales agentes de la investigación de la Guardia Civil. "¿Creen que se puede acusar por sensaciones?".

Ha cargado también contra el juez instructor Eloy Velasco, al que ha acusado de realizar preguntas dirigidas encaminadas a llevar a su ahora cliente (no entonces) a prisión. "Es el segundo tejedor de este caso", ha dicho Escanciano. El tercero es "el Ministerio Fiscal, que ha reforzado sus costuras para reforzar su venta frente a la ciudadanía. Es una tela maravillosa que han comprado algunos periódicos". Se ha pasado así "de un cuento a una historia para no dormir".

En tono siempre irónico ha asegurado que a León llega una trama "que se supone que se inició por contratos de energía que nunca han tenido nada que ver con estas personas". Por eso ha asegurado que la difusión de noticias a través de los medios de Alejandro de Pedro está justificada "porque León es una provincia muy extensa donde no todos los ciudadanos tienen periódico de papel, pero sí un teléfono móvil".

Calificó a Alejandro de Pedro como un adelantado a su tiempo: "Ya quisieran muchos tener sus conocimientos, hay cosas que se usan ahora en tecnología que ya empleaba él hace diez años". Fue antes de que el presidente de la sala, Javier Vieira, llamase la atención de la abogada por superar la extensión acordada para la intervención. Aún así insistió en continuar: "Marcos no es ningún mindundi, llevaba 31 años en política y conocía perfectamente a los cargos orgánicos del partido. No es que quisiera ser presidente del PP de León, es que iba a serlo con un 99,99% de posibilidades".

Las fiscales anticorrupción consideraron por la mañana que la trama era "propia de la picaresca del Siglo de Oro", tienen claro que el plan de reputación fue concertado por Isabel Carrasco y Marcos Martínez, califican las actuaciones enjuiciadas de "perversas", entienden que había un circuito de contratación paralelo al oficial de la Diputación Provincial, auspiciado en este caso por los tres investigados y consideran que la institución quedó seriamente dañada en su imagen. 

Las representantes del Ministerio Público fueron muy contundentes en la explicación de asuntos "que deberían haber motivado un juicio muy sencillo, porque todos los hechos han quedado probados y son evidentes", han dicho Carmen García-Cerdá y Teresa Gálvez, a las que el presidente de la sala ha concedido un máximo de dos horas para explicar los fundamentos de su acusación. Piden ocho años de prisión para Marcos Martínez, Jesús López y Pedro Vicente Sánchez y nueve años de inhabilitación para cargo y empleo público para los tres.

Las defensas han presentado las conclusiones por escrito en el inicio de la sesión de hoy. Mantienen que Marcos Martínez, Jesús López y Pedro V. Sánchez deben de ser absueltos.

Buena parte del sustento de los argumentos de las fiscales se basa en el testimonio que prestó en sala el que fuera jefe de prensa de la Diputación, José Luis Arranz, que a criterio de las representantes del Ministerio Público ilustra perfectamente la idea: "Isabel Carrasco tenía un imagen muy negativa por noticias sobre sus escándalos y buscó una fórmula para contrarrestarlo". El testigo detalló "como lo hicieron también las personas que trabajaban en el gabinete de prensa" que nunca se tramitó factura alguna por este concepto, sino que "todo se contemplaba bajo el concepto de publicidad".

Detallaron las fiscales como la investigación arrancó por una denuncia de la Fiscalía de Suiza, sobre actuaciones sospechosas de David Marjaliza. Al pinchar su teléfono se desveló la relación con Francisco Granados y de este con Alejandro de Pedro. En la investigaciones al conseguidor, aparecieron repentinamente los tres sospechosos leoneses, inmersos en conversaciones telefónicas.

No comprenden las fiscales cómo podía ser que los aspirantes a los contratos de la estación de San Isidro podían decidir las condiciones de la contratación y el precio. "Eso es ilegal a todas luces", insistieron. Marcos Martínez Barazón tenía como aspiración "ser presidente de la Diputación y ser presidente del Partido Popular" y el interventor de la Unidad de Apoyo a la Administración General del Estado tiene claro que se trataba de trabajos de reputación personal "que no puede abonar en ningún caso el erario público".

 

Martínez Barazón envía un whatsapp "en fin de semana" a De Pedro para decirle que la prensa local "está dando caña a Isabel con el tema de los kilometrajes". Que sea una gestión de fin de semana evidencia según las fiscales "que no se trataba de un trabajo para la Diputación, sino para Isabel Carrasco".

No entienden cómo pudo dar validez la Diputación a un sistema "que minimizó las visitas a la web de la Diputación para favorecer la difusión de los periódicos zombies, en los que se ponía en valor a las personas que presidían la Diputación, no a la propia Diputación", argumentaron las fiscales, apoyándose en el testimonio de los peritos.

Gálvez recordó que la Ley de Castilla y León "es muy estricta en materia de publicidad institucional, debe de estar muy justificada y ninguno de los seis investigados nos ha explicado qué hacía la publicidad de la Diputación de León en Salamanca Noticias y en Valladolid Noticias". La inserción de banners "era una tapadera" ha dicho contundente la fiscal.

"Penalmente estamos aquí porque funcionarios públicos han permitido utilizar dinero para fines privados", ha vuelto a recalcar especialmente contundente la fiscal Teresa Gálvez. "Que haya habido malas prácticas con medios convencionales, no quiere decir que se deban pasar por alto prácticas ilegales con estos otros sistemas", señaló.

"Podría haberse despistado el control de unas facturas durante unos meses", dijo Gálvez. "Pero es que esto ha pasado durante dos años, no es justificable la actitud de Pedro Vicente Sánchez, no puede firmar porque no es funcionario de carrera", criticó la fiscal. "La teoría del enriquecimiento injusto (pagar gastos injustificados para no causar daño a un proveedor) no es válida para las empresas de Alejandro de Pedro, porque tienen ánimo de lucro", dijo. Lo mismo ocurre con el interventor Jesús López: "Debió haber formulado reparto, a su antecesor, por hacerlo, le degradaron como explicó en su testimonio", recordaron las fiscales. Las representantes del Ministerio Público han llamado la atención a la sala para demostrar que Jesús López mintió en su interrogatorio en sala.

"Vamos a ayudarte a ser presidente de la Diputación porque tú no eres una persona de paso", dicen las fiscales que afirmaron De Pedro y Conesa  a Marcos Martínez. "Jesús López estaba al cuidado del presupuesto del gabinete de prensa y al igual que Pedro Vicente, no puede pasarse al lado oscuro de la fuerza", dijo Gálvez.

Las fiscales han llamado la atención sobre la existencia de grabaciones que demuestran que Marcos Martínez Barazón iba a formar parte de una empresa creada por Alejandro de Pedro, por lo que sugieren la posible existencia de cohecho. "Su obsesión era ser presidente del PP de León y estaba dispuesto a pagar lo que fuera". Han finalizado dando las gracias a los funcionarios de la Diputación de León que habían sido relegados de sus funciones por no plegarse a las exigencias "y que lloraban el día que colaboraron con la investigación al entregar la documentación".

Tras un receso ha intervenido la letrada de la acusación particular, Gloria de Pascual (Asociación de Abogados Demócratas de España). Ha rechazado la tesis de que no haya cohecho: "Marcos Martínez pretendía ser presidente del PP de León y para eso quería usar medios públicos". Se adhiere en cualquier caso a la mayoría de los postulados del Ministerio Fiscal. "Es llamativo que nadie se preocupe en la Diputación de si se insertan los banners y si dan resultado".

Las defensas tuvieron su turno por la tarde. "Hemos pasado del surrealismo del escrito de acusación del 2018 al esperpento del que se presenta en 2023", ha asegurado el letrado de Alejandro de Pedro, que solicita que las costas de la acusación popular, que encarna Adade, sean declaradas de oficio "por temeridad". 

El magistrado presidente ha concedido un turno de una hora a cada una de las defensas, circunstancia que hace que previsiblemente no concluya hoy la totalidad de las exposiciones. En la principal de ellas, se mantiene la tesis de que no había  interés de conseguir interés económico en la adjudicación de los contratos, sino un beneficio para la Diputación de León en sus dificultades para la explotación de la estación de esquí.

Tampoco había interés en mejorar la reputación online de Marcos Martínez: "Rebotar notas de prensa para hacerlas llegar a más público ¿es un delito?", se ha preguntado Carlos Gómez, el defensor de Alejandro de Pedro.

"José Antonio Alonso Conesa es el bicho que mató al tren", ha dicho el segundo abogado, el defensor del exalcalde de Cartagena, que sostiene que las fiscales en la sesión matinal "deberían haber aportado menos ruido y más nueces", dijo en referencia a a vehemencia de las representantes del Ministerio Público. "Si José Antonio Alonso Conesa no llegó ni a conocer a Isabel Carrasco ¿cómo pudo asesorarla?", se ha preguntado el letrado. "Si José Antonio  pertenece al PSOE, difícilmente podía mediar en un ascenso de Marcos en el PP".