La huelga de letrados judiciales ya paraliza más de 6 millones en León
El conflicto laboral se agudiza en un colectivo profesional que se siente «engañado»
Togas colgadas, en una de las movilizaciones de los letrados judiciales. EFE
Los letrados de la administración de Justicia en León se mantienen firmes en su postura ante el Ministerio de Justicia, y mantendrán las movilizaciones, que se extienden ya por periodo de un mes. Ayer se concentraron ante las puertas de los juzgados de León, donde se cuentan por centenares los señalamientos y actos judiciales suspendidos y paraliza más de seis millones de euros en León.
El colectivo a nivel nacional acusa al Ministerio de Justicia, y a su titular, Pilar Llop, de haberlos «engañado» y reiteran que persistirán en la huelga indefinida iniciada el pasado 24 de enero «el tiempo que sea necesario».
En una rueda de prensa en los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla, desde el comité de huelga explican que se sienten triplemente engañados por el Ministerio de Justicia, con quien mantendrán una nueva reunión este viernes tras un primer encuentro la semana pasada que acabó sin acuerdo después de 15 horas.
Citan el año 2009, en el que los antiguos secretarios judiciales asumieron nuevas funciones sin que estas se reflejaran en su salario, cuestionan.
El segundo «engaño» para los huelguistas fue el incumplimiento de una adecuación retributiva pactada en 2020, que tenía que ver con su carga de trabajo tras las nuevas funciones asumidas y con no cobrar menos por trabajar en poblaciones pequeñas.
Y condenan condenado que se no se cumpla una de las reivindicaciones fundamentales de los convocantes: la llamada cláusula de enganche, que permitiría referenciar su sueldo al de jueces y fiscales, para que los letrados no cobren nunca menos del 85 % respecto a estos dos operadores jurídicos.
Según ha afirmado, este fue uno de los compromisos asumidos por Justicia en abril de 2022, propuesto en principio por el ministerio, pero que los letrados han convertido en su demanda fundamental junto con la no discriminación económica por trabajar en poblaciones pequeñas.
Con un impacto de 195.000 juicios y vistas suspendidos -55.000 de ellos esta semana- y unos 800 millones de euros pendientes de entregar a consecuencia del paro, los funcionarios mantienen que la responsabilidad reside en el ministerio.