Los recursos harán llegar la Púnica de León al Supremo

Los acusados en la pieza leonesa de la Operación Púnica han eludido prácticamente en todos los casos hacer uso del último turno de palabra en el juicio. Sólo Marcos Martínez, expresidente de la Diputación, ha esbozado una idea: "Agradezco a la sala que me haya permitido explicarme y pido perdón si con mi actitud de emoción en algún momento molesté a alguna persona". El resto, han declinado la posibilidad de añadir nuevos contenidos a sus intervenciones ya conocidas.

El letrado defensor de Pedro Vicente Sánchez ha insistido en la última sesión de la vista oral del juicio por la pieza leonesa de la Operación Púnica en la teoría de que la carpeta de expurgo de llamadas (el contenido de las llamadas que fueron pinchadas por la Guardia Civil en los teléfonos de los sospechosos) no era la misma en la fase de instrucción y en el juicio, lo cual significa una ilegalidad que comportaría la determinación de que su cliente sea absuelto.

Ha explicado las peculiaridades que comportaba el hecho de que el puesto de Pedro V. fuera "un cargo de confianza", lo cual permitió "que se le imputara gratuitamente" cuando resulta "que no era el hombre de confianza de nadie", según su letrado. "Aquí el hombre de confianza era el hombre de negro" que paradójicamente según su abogado "no aparece en ninguna llamada intervenida. Y eso que era la mano derecha". No puede haber concierto "porque la relación de mi mandante con Isabel Carrasco era bastante más que tensa. No le hacían firmar las facturas como premio, sino como castigo".

Juan Carlos Zataraín, abogado leonés que representa al interventor Jesús López, ha decidido adherirse a los planteamientos de sus compañeros "para no extendernos en los mismos argumentos". Zataraín se ha despedido de la Audiencia Nacional en el que será seguramente su último juicio en esta instancia por su inminente jubilación.

"La conducta de Manuel Jesús López no constituye un delito de falsificación, es una falta de carga probatoria absoluta", ha dicho. "No hay una simulación de facturas, sino facturas incompletas", ha recalcado.

López "no tuvo participación en esos expedientes que son objeto del procedimiento", según su letrado "porque a propuesta de él mismo, había un decreto de delegación de funciones en los asuntos de San Isidro", perpetuado este documento "hasta que mi cliente fue removido de su cargo". Entiende el abogado que se piden penas excesivamente altas "para el poco contenido que sustenta la acusación".

"A mi defendido, que veía 36.000 facturas en ese periodo, no se le podía escapar poner reparos a 25 facturas de Madiva. Es hacer que la carga de la prueba la tenga que asumir la defensa. Estamos hablando de un profesional que lleva una treintena de años ejerciendo su labor sin una sola tacha", ha dicho el abogado de Jesús López. "No se puede hacer que este procedimiento sea una causa contra la Diputación de León, hemos dedicado muchas horas a Isabel Carrasco, que no puede defenderse. Las acusaciones la dan por confesa, culpable y sentenciada sin ningún dolor moral", se ha quejado el letrado.

Ha recalcado el abogado defensor que los apartamentos propiedad del interventor comprados en San Isidro "fueron adquiridos legalmente, como se ha demostrado en el desarrollo de este juicio" y también ha insistido en que Suso López no tenía constancia de quién era Alejandro de Pedro ni relación previa alguna con él. "Los informes de reputación que son objeto de esta causa, nunca fueron conocidos por mi cliente".

Iniciado el 10 de noviembre y asistido por casi cuatro meses de desarrollo para apenas 16 días de vista oral, el juicio por la pieza leonesa de la Operación Púnica, la segunda de la decena de apartados que compone el sumario completo, está llegando a su previsible fin esta mañana en la Audiencia Nacional.

Dicen las acusaciones que procede imponer una pena de ocho años de cárcel a Marcos Martínez Barazón, expresidente de la Diputación, a Pedro V. Sánchez, diputado y al entonces interventor Jesús López. También se les propone condena a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público. Porque se sospecha que urdieron una trama para favorecer la imagen del que era entonces presidente del gobierno provincial y aspirante a presidente del PP de León.

El plan consistía en desplazar de Internet las noticias negativas a base de incluir noticias positivas en diarios zombies creados por las empresas de Alejandro de Pedro. A cambio, la Diputación pagaba en publicidad. Otra contraprestación alternativa iba a ser adjudicar las cafeterías de la estación de San Isidro a filiales de Alejandro de Pedro, previa modificación de los pliegos de contratación para ajustarlos supuestamente a las condiciones que mejor se ajustaban a las necesidades de las empresas de Alejandro de Pedro.

 

Las defensas entienden que todo es una fabulación, subrayan que nunca se adjudicó ningún contrato y que la publicidad que se pagó a los diarios zombies de Alejandro de Pedro es de bastante menor importe que la que se abonaba a los medios de comunicación convencionales de León. Por eso no ven el delito en ninguna parte y proponen la libre absolución de sus clientes.