El polémico alumbrado engorda la factura eléctrica

La factura del alumbrado público de León no para de crecer. Mientras se mantienen las quejas por la falta de iluminación , contrastadas por las mediciones que realizó el anterior jefe de servicio de Gestión Energética, el coste engorda.

Los 2,05 millones de euros anuales de la factura, garantizados durante 10 años, se quedan ya cortos, tras aprobar el gobierno de José Antonio Diez una modificación de crédito de 2,065 millones de euros para atender la revisión de precios de 2020, 2021 y 2022, los excesos de consumo reclamados y los costes de los siniestros sufridos, invocados por la Unión Temporal de Empresas (UTE) concesionaria que presta el servicio, formada por OHL, Ingesán y Fermasa.

La cuenta atiende a los cálculos de la concesionaria, que se hizo en 2019 con el contrato en el que se fijaba un coste de 20.789.012 euros a afrontar en 10 años. La cantidad se desglosaba en 10.053.898 euros por el coste de la renovación de las luminarias y los centros de mando a tecnología de bajo consumo, 3.507.477 euros del mantenimiento y gestión, 1.753.730 euros de la garantía total de sustitución de los elementos robados y 5.473.897 euros del consumo de la energía eléctrica.

Pero este último apunte, que  auguraba un coste de 547.389,72 anuales por el consumo tras la instalación de los equipos de bajo consumo, se ha quedado ya corto. La reclamación de la empresa de servicios eléctricos, atendida por el equipo de gobierno municipal, asienta que se la debe compensar con 1,8 millones de euros por la revisión de precios de los tres últimos años, marcados por el alza del mercado de la energía.

Este argumento se acompaña de más peticiones. La adjudicataria del alumbrado público defiende unos excesos de consumo, por instalaciones que no estaban contempladas en el pliego de condiciones del contrato inicial, de 120.200 euros.

El resto, hasta los 2,065 millones de euros que se recogen en el documento aprobado por el equipo de gobierno, corresponden a las reparaciones de los siniestros sufridos en farolas y equipos, parte de los cuales abonan las compañías aseguradoras de los vehículos o particulares que tienen el accidente.

La aplicación de estos nuevos datos para atender a los 20.014 puntos de luz, 1.519 columnas y 150 centros de mando dependientes que se fijaban en el contrato hacen que el Ayuntamiento tenga que redefinir la partida de gasto anual. Lejos de aquellos escasos dos millones iniciales, a partir de ahora la factura por cada ejercicio superará los 2,5 millones de euros, conforme a la documentación pactada con la concesionaria.

La revisión queda por ahora al margen de los resultados de la comisión de investigación promovida por Cs, el PP y la UPL. Los grupos de la oposición exigieron un órgano en el que se analizara la gestión del servicio, después de que el informe del jefe de Sección Energética resolviera que «los niveles de luminosidad de la ciudad son un 38% inferiores a los auditados y mínimos precisos», además de que hay vías con «un 50% menos del valor mínimo reglamentario».

Las pruebas aportadas por el funcionario, que terminó por abandonar su comisión de servicio en el puesto para retornar a la Junta, hizo que los tres grupos exigieran «una auditoría continua y pública, que ha de ser permanentemente apoyada y evaluada por una comisión de seguimiento constituida por un representante de cada una de las fuerzas políticas con representación en este municipio».

Aunque, por ahora, sin que se haya hecho esta auditoría , la factura sube.