San Andrés trata de salvar el proceso para estabilizar la plantilla con un nuevo plan
Intervención tumbó el baremo de méritos y se intentará negociar otro para evitar denuncias
El pleno aprobó ayer un cambio en los estatutos de la Mancomunidad de Interés General. DL
Tras un rosario de manifestaciones todos los martes desde febrero por parte de los interinos, el equipo de gobierno de San Andrés del Rabanedo decidió tramitar ayer una nueva propuesta de las bases de estabilización de las plazas del Ayuntamiento que salve los informes jurídicos desfavorables que emitieron Secretaría e Intervención sobre lo acordado con los sindicatos en diciembre.
La baremación de los méritos con 60 puntos y 40 para la formación, como aprobó la Mesa de Negociación, supone un escollo para Intervención que lo ve «incompatible con los principios constitucionales de libre concurrencia e igualdad». Una cuestión que en otros ayuntamientos se ha saltado con un decreto de Alcaldía, pero que San Andrés no estima oportuno porque el informe técnico recuerda que el Código Penal especifica que «a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años».
El equipo de gobiernos no quiere incurrir en un posible delito de prevaricación administrativa y ha variado la propuesta de estabilización «que entendemos se ajusta a lo indicado en los informes tanto jurídico como de Intervención», explicó el concejal de Hacienda y Personal, Benjamín Fernández, quien apunta que estas bases deben ser de nuevo objeto de informe jurídico y, posteriormente, de Intervención, para lo cual ya se han iniciado los trámites oportunos.
Resalta que «no es la primera vez que ante una advertencia similar por parte de Intervención, ya se ha detenido la tramitación de expedientes» y recuerda que, precisamente, «el Ayuntamiento se encuentra actualmente en un proceso de diligencias previas del Tribunal de Cuentas motivado por la denuncia de Intervención por un pago indebido de nóminas municipales y la ausencia de cobro de una tasa municipal entre los años 2012 y 2016».
UPL urge el proceso
Fernández indicó que el proceso se puede convocar fuera de la fecha fijada (2022), pero UPL lo urge, porque «si se continúa posponiendo mucho nos tememos que no vaya a dar tiempo a realizar todo el proceso antes del plazo final establecido en la ley, lo que implicaría una inacción de la administración que conllevaría el mantenimiento del empleo temporal (con 101 trabajadores), que es lo que se quiere atajar».
Los laborales recibieron ayer un jarro de agua fría al no llevarse al pleno la subida del 2,5% en sus nóminas como estaba previsto, porque Intervención «no culminó» el expediente, trascendió. En la sesión sí se dio luz verde a una modificación de los estatutos de la Mancomunidad de Interés General en la que participa San Andrés con León y el alfoz, referente a acceso a subvenciones para sendas verdes.