La ULE se opone a la nueva Ebau que amplía a 105 minutos los exámenes

La Universidad de León muestra su rechazo al nuevo borrador de la prueba de acceso a la universidad presentado por la ministra Pilar Alegría y junto con el resto de las instituciones de educación superior públicas ha enviado al ministerio 17 alegaciones en la que rechaza el modelo que ampliará de 90 a 105 minutos cada uno de los exámenes que integran la prueba. En el documento conjunto —aunque enviado de manera individual por todas las universidades públicas de las 17 comunidades autónomas— el Vicerrectorado de Estudiantes de León se pone el foco en las «serias dudas» que plantea implementar todos los cambios ya de cara al año 2024 porque se haría «sin suficientes garantías para un proceso en el que el alumnado se juega buena parte de su futuro». La vicerrectora Ana García Pérez, responsable de organizar la prueba en León, señala la «unión» de todas las universidades que durante el proceso «no nos habíamos sentido escuchadas».

Junto con el resto de las universidades, desde León se consideran «perniciosos» los planteamientos de Alegría ya que, incrementar la duración de los exámenes «obligará a aumentar los días de duración de las pruebas hasta a seis días, prolongando innecesariamente el estado de tensión del alumnado en detrimento de su rendimiento». En este sentido, las universidades públicas consideran que este cambio «supone de facto la exclusión del acceso a la universidad del estudiantado que tiene derecho a adaptaciones de más tiempo, porque se enfrentaría a algo impensable como 3 o 4 exámenes diarios de 145 minutos, durante varias jornadas».

En las alegaciones presentadas por la Universidad de León y el resto de sus homólogas a nivel nacional, detalla una importante serie de cuestiones «de carácter técnico» relacionadas con la estructura, la organización y los procedimientos de las pruebas, con una postura unánime de que «comprometen la viabilidad de las pruebas y de los procesos de admisión». En sus escritos, cuestiones como los procedimientos de reclamación, los plazos, la composición de tribunales, las medidas que afectan a los estudiantes extranjeros o los que ya cuentan con estudios universitarios, los procesos de admisión o criterios de adjudicación de plazas, entre un largo etcétera. «Todo ello termina dibujando una percepción clara de que la reforma que se propone adolece del debido sosiego en la toma de decisiones y de la tranquilidad suficiente para regular algo de tanta trascendencia social, y repercusiones de todo tipo, como es el caso de las pruebas que permiten el acceso a la universidad», inciden de forma conjunta todas las universidades.

Las alegaciones han sido enviadas al Ministerio de Educación y FP y el Ministerio de Universidades en el exiguo plazo que ha abierto de participación para consensuar el Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las condiciones para el acceso y la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado , que comenzó el 16 de marzo y finalizó el pasado día 27. «En ese limitado espacio de tiempo se han puesto de acuerdo todas las universidades públicas de los 17 distritos universitarios para presentar el mismo documento desde todas las universidades públicas», destacan los vicerrectores responsables de elaborar las pruebas.